La Comisión Europea, demandada por no incorporar un acuerdo de los agentes sociales

La Comisión Europea, demandada por no incorporar un acuerdo de los agentes sociales
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FeSP-UGT, a través de la Federación Sindical Europea de Servicios Públicos (FSESP), demanda a la Comisión Europea ante el Tribunal General de la Unión Europea (UE) por no incorporar en su ordenamiento jurídico un acuerdo de los agentes sociales.

El acuerdo se refiere a los derechos de información y consulta de los trabajadores de las Administraciones públicas centrales. Dichos trabajadores han sido excluidos del usufructo de esos derechos bajo la Directiva de Información y consulta para transferencia de lugar de trabajo o regulaciones de empleo.

En marzo de 2015, la Comisión Europea proclamó la reapertura del diálogo social con el anuncio del presidente Junker de nuevos procesos de participación de los interlocutores sociales en la elaboración de las políticas y la legislación de la Unión Europea.

Tras una consulta de la Comisión, la FESEP, junto con la Confederación Europea de Sindicatos Independientes (CESI) y la red europea de empleadores de la Administración pública (EUPAE), firmaron un acuerdo el 21 de diciembre de 2015. El objetivo del acuerdo es proporcionar derechos de información y consulta a casi 10 millones de trabajadores de las Administraciones públicas centrales de la Unión Europea sobre cuestiones que les atañen directamente, como las reestructuraciones, los despidos colectivos, la jornada laboral o la conciliación de la vida laboral con la vida privada. Sin embargo, el 5 de marzo de 2018, la Comisión comunicó que no remitiría una propuesta de directiva al Consejo Europeo, con el argumento de que está facultada para determinar si una propuesta debe presentarse o no.

La FSESP considera que la Comisión ha menospreciado de forma manifiesta la autonomía de los agentes sociales protegida por los tratados de la Unión Europea e impugnará esta decisión ante los tribunales.

Jan Willem Goudriaan, secretario general de la FSESP, declaró: «Cuatro meses después de la proclamación del pilar europeo de derechos sociales, la Comisión ha socavado su propia decisión de defender el diálogo social y los derechos de información y consulta». Y añade: «El pilar europeo de derechos sociales presenta una excelente oportunidad para impulsar la Europa social, y la Comisión, al negarse a presentar una propuesta de directiva, ha hecho justo lo contrario».

Tras meses de tácticas dilatorias, la Comisión ha adoptado una decisión sin fundamentos ni precedentes. Se trata de un ataque doble: por un lado, niega el tratamiento igualitario de los trabajadores y, por tanto, discrimina al personal de las Administraciones centrales; y, por otro lado, socava los derechos de codecisión de los interlocutores sociales consagrados en los tratados de la Unión Europea.

 

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