Estudios e informes

El profesorado español sigue por encima de la media de la Unión Europea y de la OCDE en horas de enseñanza al año

16 octubre 2017
 
El profesorado español imparte un mayor número de horas de enseñanza al año que la media de sus colegas de la UE22 y de la OCDE, tanto en Primaria como en Secundaria. En Educación Primaria, los docentes españoles, con un promedio de 880 horas anuales de enseñanza, superan en más de 100 horas el promedio de los países de la UE22 (767) y en más de 80 el de la OCDE (794). La sobrecarga en la enseñanza directa en el aula implica una disponibilidad horaria menor para otras actividades docentes que también tienen una gran influencia en la calidad de la enseñanza.
 
Un país que suele tomarse como referencia educativa, Finlandia, con 677 horas,  y Grecia, con 630, entre otros, se sitúan entre aquellos en los que el profesorado de Primaria tiene menos horas de enseñanza, muy lejos de las 880 de los docentes españoles. Por el contrario, Chile, con 1.157 horas al año; Suiza, con 1.073; Países Bajos, con 930; Irlanda, con 915, y Francia, con 900 horas, registran el número más alto de horas en Enseñanza Primaria, de acuerdo con el estudio realizado por el Sector de Enseñanza de FeSP-UGT a partir de datos de la OCDE y UE22 en instituciones públicas.
 
En Secundaria inferior con diferencias menos marcadas, las horas de enseñanza de nuestros docentes (713) se igualan a las que se registran en la OCDE (712) y son ligeramente superiores a la media de la UE22 (663). En Secundaria superior, las cifras españolas están también por encima, 693 horas anuales, frente a las 662 de la media de la OCDE y las 629 de la UE22.
 
Chile, Suiza y México son, en Secundaria inferior, los países con un mayor número de horas de enseñanza al año. Aunque las diferencias son poco significativas, de entre los países de nuestro entorno, Escocia, Inglaterra, Países Bajos, Alemania, Luxemburgo e Irlanda imparten un mayor número de horas que en España. Por el contrario, Grecia, Finlandia, Portugal, Italia, Francia y Noruega cuentan con un número menor de horas de enseñanza que España, con diferencias, en ocasiones, muy marcadas. En Finlandia y en Grecia, por ejemplo, su profesorado imparte alrededor de 120 horas anuales menos que el español.
 
No obstante, aunque el número de horas de enseñanza directa resulta un componente fundamental en la jornada laboral de los docentes, es preciso tener en cuenta también el tiempo que le dedican a actividades como la evaluación, la preparación y planificación de clases, la formación, reuniones, asesoramiento al alumnado, comunicación y coordinación con padres y otros profesores o la atención de tareas de gestión y/o administrativas, entre otras muchas.
 
Según este informe, que los docentes españoles se encuentren por encima de la media de la OCDE y UE22 en el porcentaje de horas dedicadas a la enseñanza supone tener una menor disponibilidad horaria para otras actividades que tienen una influencia directa en la calidad de la educación. El porcentaje del tiempo total dedicado a la enseñanza directa en España es de un 62% en Primaria, un 50% en Secundaria Inferior y un 49% en Secundaria Superior.
 
Frente a estos porcentajes, las medias de la OCDE y de la UE22 son de un 49% del tiempo dedicado a la docencia en Primaria, de un 43% y un 41% respectivamente, en Secundaria inferior, y de un 40% en Secundaria superior.
La calidad educativa es la suma de muchos factores, entre los que ocupa un lugar importante el número de horas lectivas que tiene que impartir el profesorado. Los recortes sufridos en los últimos años han traído consigo, entre otros muchos elementos de distorsión el incremento de las ratios, con la correspondiente masificación de las aulas, y el aumento de las horas lectivas, lo que supone pérdida de profesorado.
 
El Sector de Enseñanza de FeSP-UGT reclama, una vez más, la revisión de la distribución horaria semanal y del número de alumnos y grupos asignados a cada docente, además de la recuperación urgente de las decenas de miles de puestos de trabajo perdidos en la enseñanza a lo largo de los últimos años.
 
La reducción de las horas lectivas del profesorado y el acercamiento y el equilibrio del número de horas de atención directa al alumnado con el número de horas para la preparación de otras actividades son dos medidas que deberían considerarse de inmediato. Además de aproximarse a las medias de la OCDE y de la UE22, así como al resto de países de nuestro entorno, supondrá una mejora de la calidad de la educación, toda vez que de ese modo el profesorado podrá disponer de más horas para la preparación de las clases, la evaluación, la coordinación o la formación, y ayudará a evitar el desgaste que lleva implícito un excesivo número de horas de docencia directa.
 
Todo ello redundará en beneficio de la calidad educativa y de la atención que recibe el alumnado, así como de la salud laboral de nuestros docentes y de la mejora cualitativa y cuantitativa del empleo.

DOCUMENTACIÓN

El profesorado español sigue por encima de la media de la Unión Europea y de la OCDE en horas de enseñanza al año

Horas de enseñanza anuales 2017. Datos OCDE y UE22

 

 

Presupuestos de gasto en Educación por comunidades autónomas. Evolución 2012-2017

11 septiembre 2017

Se mantiene un fuerte retroceso en la inversión en Educación de las comunidades autónomas desde el año 2012

 

De los presupuestos que cada comunidad autónoma dedica a la Educación dependen la calidad educativa y los servicios que se van a prestar, y ellos fijan las prioridades que en ese ámbito orientan las políticas de cada uno de los Gobiernos. Coincidiendo con el inicio de curso escolar, resulta interesante conocer la evolución que han sufrido los presupuestos educativos en las distintas CCAA.

Los datos que se presentan en la tabla adjunta, al final de este informe, ofrecen una comparativa de los presupuestos de gasto en Educación de las diferentes comunidades autónomas entre los ejercicios 2012 y 2017.

Al considerar el cómputo total para el 2017 de las cantidades presupuestadas de todas las comunidades autónomas (36.968,05 millones de euros), se observa que existe un incremento de un 3,93% del gasto público destinado a Educación con respecto al 2016. Este incremento, aun siendo positivo, mantiene las cantidades destinadas a educación en las comunidades autónomas lejos de las presupuestadas en el 2010 (39.616,11 millones de euros) y ligeramente inferiores a las del 2012 (37.288,8 millones de euros). Esto supone un 6,68% menos que en el 2010, es decir, 2.648,06 millones de euros menos con respecto a dicho año y un 0,85% menos que en el 2012.

Aunque en estos últimos años la variación en el total de las cantidades ha sido positiva y se muestra una ligera recuperación, la realidad es que tras cinco años las cantidades no alcanzan a las del 2012 y por tanto son inferiores a las del 2011 y del 2010 (37.563,48 y 39.616,11 millones de euros respectivamente).

No hay que olvidar los recortes acumulados que venimos sufriendo a lo largo de estos años con variaciones negativas desde el 2010 (-5,46% entre el 2011 y el 2010; -0,81% entre el 2012 y el 2011;-7,84% entre el 2013 y el 2012 y un -0,72% entre el 2014 y el 2013). Solo a partir del 2015 la cantidad total de todas las comunidades autónomas comienza un ligero ascenso (2,69% entre el 2015 y el 2014; 2,53% entre el 2016 y 2015). Estos porcentajes evidencian la grave disminución de la inversión y la dificultad de recuperar las pérdidas sucesivas que está padeciendo la educación en nuestro país, a pesar de los ligeros incrementos de los últimos años.

Los daños de estos recortes son tan profundos y sus consecuencias tan graves que, de no tomar medidas urgentes, puede continuar el deterioro que se ha venido generando.

Un dato positivo es que todas las comunidades autónomas aumentan sus presupuestos en Educación para este año 2017 con respecto al 2016.

Castilla–La Mancha, Extremadura, Murcia, Euskadi y Cantabria, incrementan su presupuesto en educación ligeramente entre un 0 y un 1,99%. Otras lo incrementan entre un 2 y un 4%: Madrid (2,26%), Galicia (2,85%), Andalucía (3,10%), Castilla y León (3,69%), Canarias (3,75%), Asturias (3,93%). Existe otro grupo con incrementos superiores: Comunidad Valenciana (5,04%), La Rioja (5,84%), Navarra (7,06%), Baleares (8,12%), Cataluña (8,52%) y Aragón (8,81%).

Las cantidades de gastos educativos entre el 2012 y el actual 2017 han experimentado una ligera mejoría en casi la mitad de las comunidades autónomas que tienen una variación positiva con respecto al primero. Como destacable, en Baleares se ha incrementado la inversión educativa un 15% más que en el 2012; en La Rioja, un 11,4%, y en Navarra un 7%. Por el contrario, Madrid y Asturias son las comunidades con mayor recorte (-6,54% y -6,20% respectivamente), seguidas de Castilla-La Mancha (-3,23%), Comunidad Valenciana (3,16%) y Canarias, con un 3% de descenso. Las comunidades autónomas con una variación negativa menos acusada con respecto al 2012 son Galicia, Murcia y Andalucía, que van desde un -0,03% de Galicia, al -2,39% de Andalucía.

Si tenemos en cuenta el total de todas las comunidades, la variación de la inversión entre estos dos años (2012-2017) ha sido de un -0,85%, como ya se ha indicado anteriormente.

Tomando como referencia el 2010 como año de inicio de la crisis, la diferencia entre ese año y el actual es de un -6,68%, 2.648,06 millones de euros menos en un solo balance. Castilla-La Mancha es la que ha sufrido mayores recortes, un 26,63% menos que en el 2010, seguida de Castilla y León (-10,48%) y de Murcia (-10,28%). Existe un grupo numeroso con un recorte educativo ligeramente inferior al -10% con respecto al 2010, como son Asturias, Cataluña, Canarias y Galicia. En el lado opuesto, solo Baleares, La Rioja y Aragón han conseguido superar las cantidades del 2010 en un 10%, un 2% y un 0,05% respectivamente.

No podemos olvidar los recortes introducidos por la Administración central que obliga a cumplir a las comunidades autónomas con los objetivos de estabilidad presupuestaria y de sostenibilidad financiera conforme a la normativa básica estatal. Con la excusa de equilibrar las cuentas del Estado, el Gobierno central ha venido recortando el gasto social y ha impuesto unas durísimas medidas que están ocasionando graves consecuencias al sistema educativo, y fundamentalmente al profesorado.

Todas las comunidades autónomas han ajustado sus presupuestos, pero unas más que otras, mostrando así las prioridades políticas. Lo adecuado hubiera sido que, al menos, los presupuestos anuales se hubieran ido manteniendo o incrementando de acuerdo con las necesidades educativas y demandas sociales. Unos presupuestos que hubieran dado respuesta adecuada a estas finalidades y a unos objetivos cada vez más ambiciosos dentro de un sistema educativo avanzado y próximo a los países de nuestro entorno.

Los recortes que se vienen sufriendo han sido tan grandes, y con ellos han desaparecido tantas acciones educativas, que han supuesto un retroceso histórico, empeorando los servicios, deteriorando las condiciones laborales del profesorado, con pérdida del poder adquisitivo, destrucción de empleo público y pérdida de derechos adquiridos. Además, las diferencias significativas entre las comunidades respecto al gasto educativo pueden repercutir en la calidad de la educación y generar desequilibrios y desigualdades.

Es cierto que los Presupuestos Generales del 2017 para Educación han experimentado un incremento (ENLACE) y que los presupuestos de las comunidades autónomas también lo han hecho, pero en su conjunto estos presupuestos siguen siendo insuficientes y se está muy lejos de recuperar las condiciones perdidas desde el 2010.

A pesar de la profunda crisis económica que estamos sufriendo hay que tener en cuenta que invertir en educación revierte en una serie de beneficios a medio-largo plazo no solo a nivel individual, sino también a nivel de desarrollo y avance social. La educación debe ser garantizada por los poderes públicos sin merma de su calidad y ha de situarnos en el ámbito internacional educativo que nos corresponde.

Repetidas afirmaciones de responsables de educación de la Unión Europea confirman que los recortes en la inversión educativa operan en dirección opuesta a la lucha contra el fracaso y el abandono escolar temprano, los dos grandes problemas de nuestro sistema educativo. Las restricciones en la educación podrán generar en el futuro problemas sociales y personales derivados de estas.

FeSP-UGT considera que la crisis no ha de ser la excusa para la disminución de la inversión educativa. Tanto el Estado como las comunidades autónomas deben seguir aumentando las partidas destinadas a Educación, en un porcentaje mayor, eso sí, tratando de conseguir que sean más eficaces y eficientes, optimizando los recursos existentes pero nunca reduciéndolos.

Por todo ello, hay que recuperar progresivamente la inversión perdida en educación, para que se pueda alcanzar al menos la media de la Unión Europea (5% del PIB), y así detener el retroceso que está sufriendo nuestro sistema educativo. Con respecto al PIB, en el 2015 España dedicó al gasto público en educación un 4,1% -un 0,3% menos que en el 2012 (4,46%)-, siendo el tanto por ciento más bajo de los últimos 11 años, según los datos del Ministerio, aún más bajo que en el 2005, cuando era del 4,31%. Con estas cifras, el objetivo de mejorar nuestro sistema educativo puede quedar cada vez más lejos.

Con respecto a los gastos recogidos en los distintos presupuestos y tras el análisis efectuado de dichos documentos para cada comunidad autónoma, se observa que los conceptos que componen dichos presupuestos no son iguales en todas ellas. Así, en algunas las cantidades presupuestadas para Educación incluyen otras áreas como son Cultura, Juventud, Deporte, Mujer, Universidad... Por ello, en las Consejerías donde se unen varias áreas, el total del presupuesto indicado no corresponde únicamente a los gastos educativos, sino que se reparte con otros conceptos.

Se vienen detectando disparidades entre comunidades autónomas en aspectos esenciales para una educación inclusiva y de calidad, que están generando una serie de desigualdades en el alumnado y que pueden dar lugar a comunidades autónomas de primera y de segunda. Diferencias en resultados académicos, en el rendimiento del alumnado, en repeticiones, en la tasa de abandono escolar prematuro…, y en las distintas medias específicas adoptadas por cada Administración educativa para mejorarlas. También se detectan diferencias en los índices de escolarización temprana, en plantillas y condiciones del profesorado, en la calidad de las infraestructuras, en los fondos destinados a medidas compensatorias (becas, ayudas, comedores escolares…), entre otras. Todos estos indicadores y la evolución de los mismos están generando grandes disparidades entre comunidades y aumentan la brecha del gasto educativo. Mientras unas logran mejorar significativamente los índices en algunos aspectos, otras mantienen sus carencias. Por ello, venimos reclamando criterios estables que permitan un reparto equitativo de las inversiones y que no estén supeditadas a la voluntad política de turno, sobre todo en las medidas compensatorias.

FeSP-UGT considera que la intervención realizada por algunas Administraciones educativas gestionando con éxito sus deficiencias a través de políticas locales, estrategias o programes específicos han de intercambiarse entre Administraciones para activar las mejoras de una manera más armonizada.

Para FeSP-UGT, es necesario establecer un nivel básico de inversión pública y un fondo de cohesión interterritorial, con el fin de compensar las desigualdades territoriales y de asegurar una educación de calidad y en equidad, que permita garantizar la igualdad de oportunidades en todas las comunidades autónomas.

Asimismo, habría que potenciar la Conferencia Sectorial de Educación para establecer una estrategia común y coordinar las acciones en las políticas de gasto.

DOCUMENTACIÓN

Presupuestos de gasto en Educación por comunidades autónomas. Evolución 2012-2017

 

 

Un docente percibe al final de su carrera profesional hasta un 29% menos que sus colegas europeos

1 marzo 2017
 
Los docentes españoles de la enseñanza pública no universitaria han visto reducido su salario cerca de un 13% solo entre los años 2009 y 2013, según un estudio del Sector de Enseñanza de FeSP-UGT realizado a partir de datos de la Red europea de información sobre educación Eurydice. Al recorte del 5% decretado en 2010 por el Gobierno de Mariano Rajoy, se suma la congelación de los sueldos, que únicamente en 2015 experimentaron una subida del 1%. Como ejemplo, un docente español al final de su carrera podía llegar a cobrar en el curso 2015-2016 hasta un 29% menos que sus colegas europeos.
 
Los informes internacionales coinciden en señalar que los sistemas educativos con mejores resultados son aquellos que manifiestan un mayor reconocimiento social y económico de su colectivo docente. Sin embargo, en nuestro país la capacidad adquisitiva de los trabajadores de la enseñanza, que están llamados a secundar una huelga en todos los sectores educativos el próximo 9 de marzo, se sitúa en términos semejantes a los del año 2000.
 
Los salarios de los docentes españoles se han ido alejando paulatinamente de las medias de los países de nuestro entorno. El sueldo mínimo que al inicio de su carrera profesional percibe el profesorado de Infantil, Primaria y Secundaria se sitúa por debajo de la media de los 21 países estudiados. En función de la etapa, esa cifra puede fluctuar entre un -12,1 % y un -17,6 %. Al tiempo, los salarios máximos están también por debajo de la media de esos países, situándose entre un -23,8 y un -29%.
 
La progresión de los salarios docentes a lo largo de la trayectoria profesional no supera el 40%, cuando en Europa la media es de un 60%. Además, en nuestro país se requieren muchos más años de servicio para acceder al sueldo máximo: los docentes de los países europeos analizados necesitan entre 20 y 30 años; los españoles, 39.
 
A esa falta de progresión económica contribuye también el hecho de que, en ausencia de  una verdadera carrera profesional, el profesorado español solo recibe bonificaciones salariales por tres conceptos: formación permanente, responsabilidades adicionales y localización geográfica -en el caso de las islas o de Ceuta y Melilla-, aunque no se perciben en todas las comunidades autónomas ni en la misma cuantía.
 
La reducción salarial experimentada a lo largo de estos últimos años afecta negativamente tanto al profesorado que desarrolla su labor en el aula, como a quienes han de tomar el relevo. De la misma manera que no sienten reconocida su labor quienes hoy están en activo, de cara al futuro se desincentiva el ingreso en la profesión de los mejores estudiantes.
Un sistema educativo de calidad ha de cuidar a sus docentes, y una forma de motivación y reconocimiento es ofrecer un salario en consonancia a la responsabilidad asumida. La carga de tareas a las que debe hacer frente el profesorado aumenta cada vez más, lo mismo que las competencias que se le exigen. Por ello ese esfuerzo ha de ser reconocido y valorado, ya sea salarialmente o con condiciones laborales más favorables. FeSP-UGT considera que es difícil pretender captar y retener al profesorado en una profesión con tantos cometidos y tal carga de compromiso si no existe al mismo tiempo una correlación entre estos y las gratificaciones recibidas.
 
La jornada de huelga en la enseñanza convocada para el 9 de marzo supone una llamada de atención a las Administraciones educativas tras siete años de retroceso y recortes educativos. Entre las medidas que el Sector de Enseñanza de FeSP-UGT reclama figuran la derogación del RD 14/2012 de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo, la derogación de la Lomce y la retirada del recurso contra su paralización interpuesto por el Gobierno ante el Tribunal Constitucional, o la reversión de los recortes en la Educación y en las condiciones laborales de los trabajadores de la enseñanza.
 
.Asimismo, el sindicato exige el mantenimiento de la jubilación voluntaria anticipada, la negociación colectiva de todos los aspectos que afecten al profesorado y la participación de los agentes sociales en las negociaciones de un posible Pacto por la Educación.

DOCUMENTACIÓN

Un docente percibe al final de su carrera profesional hasta un 29% menos que sus colegas europeos

Retribuciones salariales del profesorado en los países europeos de nuestro entorno. Datos Eurydice Periodo 2012-2016

 

 

Los PGE para 2017 son inadecuados y revelan que la Educación no es una prioridad para este Gobierno

4 mayo 2017
 
El proyecto de ley de Presupuestos Generales de Estado (PGE) para 2017, que en estos momentos se tramita en el Parlamento, destina al capítulo de Educación 2.525 millones de euros, lo que supone un incremento del 1,67% con respecto a 2016 (42 millones). Sin embargo, ese ligero incremento nos retrotrae a cifras de 2007, ejercicio en el que la partida presupuestaria para educación se situaba en 2.483 millones. Estos presupuestos son, por tanto, continuistas e insuficientes, y no van a contrarrestar los recortes sufridos a lo largo de los últimos años. Además, revelan cómo la educación sigue sin ser un sector prioritario y estratégico para el Gobierno de Mariano Rajoy.
 
Pese a que en los últimos cuatro años se han producido ligeros incrementos en las partidas educativas, desde el año 2011 se han dejado de invertir alrededor de 3.436 millones de euros. Si a esa cantidad se le añaden los más de 3.000 millones restados tras la aplicación de los recortes, la cifra se sitúa en torno a los 6.500 millones menos, lo que da una idea clara de los efectos de la gestión de la crisis en el ámbito de la enseñanza y de cómo está afectando negativamente a la Educación de nuestro país.
 
El análisis de los PGE llevado a cabo por el Sector de Enseñanza de FeSP-UGT muestra cómo de los 11 programas incluidos en la partida educativa solo tres aumentan sus partidas con respecto a 2016, siete han sido recortados, uno se mantiene igual, dos han aumentado ligeramente y solo uno tiene un incremento que puede considerarse importante. Dos programas fundamentales, como son Formación Permanente del profesorado y Educación Compensatoria, corren el riesgo de desaparecer.
 
El estudio evidencia cómo la inversión educativa para este año está no solo lejos de ayudar a contrarrestar los recortes, sino también de dotar a los centros educativos de los recursos suficientes para contribuir a corregir las desigualdades y las desventajas, y por eso son para UGT unos presupuestos inadecuados.
 
Estos presupuestos siguen alejando a España de la media de los países de la OCDE. Si en 2009 el gasto de nuestro país en Educación suponía el 4,99% del Producto Interior Bruto (PIB), la cifra no ha dejado de reducirse desde entonces. En 2011, era del 4,71%, y en 2015 descendió hasta el 4,23%, lo que nos situaba cerca del gasto de 2005 (4,31%). Mientras tanto, la media de la Unión Europea se sitúa en el 4,9% y la de los países de la OCDE en el 5,3%. Pese a todo ello, el porcentaje que España reserva para educación aún puede rebajarse más si el Gobierno cumple su compromiso con Bruselas de reducir el gasto educativo hasta el 3,7% del PIB en 2018.
 
Las pequeñas mejoras en las retribuciones de los empleados públicos que recoge el proyecto de ley no consiguen equilibrar las condiciones laborales y retributivas de los docentes. Los años de recortes y congelaciones salariales han conducido a una pérdida de poder adquisitivo de más de un 25% desde el año 2010 y han situado su capacidad adquisitiva en términos del año 2000. Para UGT, el incremento global previsto para este año en las retribuciones del profesorado, que no ha de superar el 1% respecto a 2016 y que se sitúa por debajo del IPC, es claramente insuficiente.
 
Por otra parte, sí supone un dato positivo la recuperación de la tasa de reposición del 100%, así como la incorporación de un proceso de estabilización del empleo temporal, que reducirá la tasa de temporalidad hasta el 8% en un plazo de tres años y supondrá reducir hasta un máximo del 90% la cifra actual de interinos, según el acuerdo firmado con las organizaciones sindicales. Estas medidas contribuirán a restablecer en parte los recortes en la oferta de empleo público que se ha venido produciendo a lo largo de los últimos años y que ha supuesto una disminución drástica de los puestos docentes, próxima a los 35.000.
 
En el ámbito universitario, el análisis presupuestario evidencia un vaivén entre partidas económicas, de modo que unas se incrementan a costa de otras, que se reducen, a lo que se añaden estructuras administrativas que desaparecen, mientras otras asumen su función. Estos cambios crean una apariencia de aumento de algunas partidas, y no un incremento real del gasto público en universidades.
 
A lo largo de los últimos años, las universidades públicas españolas han experimentado un drástico descenso global de las inversiones del Estado y de las comunidades autónomas, además de unas políticas draconianas en materia de dotaciones de personal. Esto ha deteriorado de una forma importante las plantillas tanto del Personal Docente e Investigador (PDI) como del Personal de Administración y Servicios (PAS), lo que ha puesto a las universidades en una situación crítica a la hora de ofrecer con eficacia y calidad sus servicios de educación superior y de investigación y transferencia científica. Una prueba añadida de ese desinterés gubernamental ha sido la exclusión de las universidades públicas del reciente Acuerdo para la Mejora del Empleo Público.
 
La crítica situación presupuestaria y de dotación de personal por la que atraviesan nuestras universidades públicas exige un plan de choque que contrarreste los recortes de personal y servicios generales sufridos en los años precedentes. Y, sin embargo, estos presupuestos no constituyen una respuesta adecuada a ello.
 
Para el Sector de Enseñanza de FeSP-UGT, estos presupuestos no van a consolidar la creación de empleo y el crecimiento de la economía, ni a preservar el Estado de bienestar, como el Gobierno asegura. Tampoco van a evitar el deterioro de las condiciones de trabajo, ni la pérdida del poder adquisitivo, ni la recuperación de todo el empleo público destruido…
 
Los recortes sufridos en el ámbito educativo han sido enormes y han conllevado la desaparición de muchas acciones educativas, lo que ha supuesto un gran retroceso y el empeoramiento de los servicios educativos y las condiciones de trabajo del profesorado. Para mantener la enseñanza en las mejores condiciones de calidad y equidad, el esfuerzo inversor ha de ser continuado, y es por eso por lo que UGT defiende una financiación que garantice un suelo mínimo de inversión pública con el que garantizar los servicios educativos esenciales. La inversión educativa  debe quedar fuera de contextos de restricción presupuestaria, para así situarnos en el ámbito internacional que nos corresponde.
 
UGT exige al Gobierno que priorice la educación como inversión de futuro. Solo así se garantizará la cohesión social y la igualdad de oportunidades.

DOCUMENTACIÓN

Los PGE Los PGE para 2017 son inadecuados y revelan que la Educación no es una prioridad para este Gobierno

Informe del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017 en Educación

 

 

Retribuciones salariales del profesorado en los países europeos de nuestro entorno

28 febrero 2017
 
Las  variaciones  de  unos  países  a  otros  son  grandes  y  las  variables  que intervienen  en  los  salarios  de  los  docentes  son  diversas,  como  ya  se  ha  explicado  anteriormente  al  inicio  del  trabajo,  pero  sin  tener  en  cuenta  las  
bonificaciones y solo ajustándonos a las cantidades ofrecidas por EURYDICE con  respecto  a  los  salarios  oficiales  podemos  llegar  a  las  siguientes  conclusiones:
 
- Los   docentes   españoles   de   las   etapas   de   infantil,   primaria   y   secundaria al inicio de su carrera profesional tienen un sueldo oficial mínimo  por  debajo  de  la  media  de  los  21  países  de  nuestro  entorno  seleccionados en este trabajo, entre un 12,16% y un 17,64% menos dependiendo de la etapa.
 
- Igualmente  los  salarios  máximos  de  los  docentes  españoles  de  las  mismas etapas educativas también están por debajo de la media del salario  máximo  de  los  países  estudiados,  entre  un  23,80%  y  un  29,06%.
 
- Los  salarios  de  los  docentes  españoles  se  han  ido  distanciando  paulatinamente a lo largo de los 4 años estudiados. Las medias de los países de nuestro entorno han ido aumentado ligeramente, mientras que  el  incremento  salarial  en  nuestro  país  se  produjo  en  enero  del  2016 con un insignificante 1%, tras 7 años de recortes y congelación salarial, lo que ha generado mayores desigualdades.
 
-La  progresión  de  los  salarios  de  los  docentes  españoles  –desde  el  inicio de su carrera profesional hasta alcanzar el salario máximo- no llega al 40%, mientras que en la media de los países estudiados esta progresión  es  de  más  de  un  60%,  con  el  agravante  de  que  para  conseguirlo en nuestro país, se necesitan muchos años de servicio, lo 
que da lugar a escalas salariales muy comprimidas.
 
- Los  docentes  españoles  tardan  más  años  en  conseguir  el  salario  máximo oficial que el resto de docentes de los países que se recogen en este informe, con un media de entre 20 y 30 años, mientras que los  españoles  tienen  que  permanecer  39  años  si  quieren  alcanzar  el  máximo.  
 
- Según datos de Eurydice, la reducción de los salarios de los docentes españoles  ha  sido  de  un  13%  entre  el  año  2009  y  2013,  lo  que  ha  supuesto una disminución progresiva de su poder adquisitivo.  
 
- Los docentes españoles solo reciben bonificaciones salariales por tres conceptos,    por    formación    permanente,    por    responsabilidades adicionales  y  por  localización  geográfica  (conceptos  que  no  se  perciben ni en todas las Comunidades Autónomas ni con las mismas  cantidades)
 
Las  bonificaciones  que  percibe  el  profesorado  pueden  suponer  una  parte   considerable  del  salario,  por  lo  que  en  algunos  países  el  salario  que   realmente  se  percibe  varía  considerablemente  con  respecto  al  salario  base  
oficial, como es el caso de Finlandia, Dinamarca y Suecia.   FeSP-UGT considera que la reducción de  los salarios de los docentes supone  un  impacto  negativo.  Esta  reducción  sala rial  que  sufre  el  profesorado,  por  un lado, puede desincentivar a los mejores estudiantes para ingresar en la profesión,  y  por  otro,  hace  que  el  profesorado  no  se  sienta  reconocido  por  su labor.
 
Los  docentes  españoles  vienen  sufriendo  unos  recortes  significativos  que  afectan negativamente a sus condiciones sociolaborales.   FeSP-UGT   rechaza   esta   reducción   en   la   percepción   líquida   de   las   retribuciones docentes. Recordemos que al recorte del 5% en salarios en el  2010,  se  añade  la  congelación  de  los  mismos,  lo  que  supone  una  gran   pérdida de poder adquisitivo. Entre 2010-2016 los docentes han dejado de percibir  entre  10.000  y  16.000  euros  del  salario  bruto  (sin  antigüedad)  dependiendo del cuerpo al que pertenezca.
 
Es  una  medida  injusta  que  hace  recaer  el  peso  del  ajuste  en  el  ámbito  educativo  y  en  sus  profesionales,  situando  la  capacidad  adquisitiva  de  los  mismos en términos del año 2000.
 
 
Un sistema educativo de calidad ha de cuidar a sus docentes. Una forma de motivación y reconocimiento es la de ofrecer un salario en consonancia a la responsabilidad.  La  carga  de  responsabilidades  que  tienen  que  asumir  el  profesorado  aumenta  cada  vez  más  y  las  competencias  que  se  le  exigen  también  son  cada  vez  más  numerosos,  como  pueden  ser  las  nuevas  tecnologías,  idiomas,  habilidades  específicas  para  atención  del  alumnado,  gestión...   Todas   ellas   han   de   ser   reconocidas   y   valoradas,   bien  salarialmente  o  con  condiciones  laborales  más  favorables.  No  se  puede  pretender  captar  y  retener  al  profesorado  en  una  profesión  con  tantos  cometidos y con una carga de compromiso como es la docente, si no existe una correlación entre estos y las gratificaciones que se reciben por ellos.   
Está  comprobado  que  los  sistemas  educativos  con  mejores  resultados  son  los  que  manifiestan  un  reconocimiento  
social  y  económico  a  sus  docentes,  por  lo  que  invertir  en  educación  es  mejorar  las  perspectivas  de  las  
generaciones futuras.

DOCUMENTACIÓN

Un docente percibe al final de su carrera profesional hasta un 29% menos que sus colegas europeos

 

 

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