NUEVA VUELTA DE TUERCA DE RAFAEL CATALÁ EN LA PRIVATIZACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE NACIONALIDAD POR RESIDENCIA

 

En el día de ayer, el Ministro de Justicia y la presidenta del CNAE, han firmado un convenio para habilitar que los abogados puedan presentar electrónicamente las solicitudes de nacionalidad española por residencia en representación de los interesados, claro y con un coste económico para los afectados que en muchos casos les impedierá realizar esta solicitud.

Para UGT-JUSTICIA es inaceptable este nuevo paso dado por el Ministro de Justicia, el cual esta empecinado, en privatizar este servicio público y no devolverlo a los Registros Civiles.

Primero fueron los Registradores de la Propiedad, los cuales se han llevado un buen cacho con las encomiendas de gestión y, ahora entra otro lobby para sacar también partido, y claro cada vez encareciendo más y más los costes para las personas que solicitan esta nacionalidad. 

Mientras el Ministro se mantiene firme, en las negociaciones con las organizaciones sindicales representativas de la Administración de Justicia,  en no querer revertir estas funciones para que vuelvan a la Administración de Justicia, que somos los auténticos profesionales en estos temas y sin  interés económico alguno, sólo lo hacemos porque creemos en este servicio público, el Ministro no deja de dar pasos en la privatización de este servicio y dando cacho a sus lobbys.

Desde UGT queremos denunciar la situación de los expedientes de nacionalidad encomendados a los Registradores de la Propiedad a cambio de una cantidad económica muy sustanciosa, pero al día de hoy llevan meses y meses de retraso, y cuando resuelvan como ya ocurrió en la primera encomienda cogen la vía fácil desestimando muchas de ellas aún cuando tienen derecho a ella.

Ahora el Ministro de Justicia con este convenio especifíca que el coste lo asume el Consejo General de la Abogacía pero que el Ministerio no establece honorario alguno para los abogados que tramiten estos expedientes ya que queda fuera de su competencia. 

También concreta en esta nota, que publica en su página web, que los honorarios quedan fuera de su competencia, por lo tanto quedarán al albur de los abogados y ello difilcutará enormemente que muchas familias de inmigrantes puedan solicitar estos expedientes a los que tienen derecho y es de justicia que se tramiten y resuelvan a favor.

Pero además en esta nota del Ministerio, nos sorprende que diga que sigue en conversaciones con otros colectivos como el Consejo General de Economistas, ¿el Ministro de Justicia, piensa que con dar cacho a muchos colectivos no es una privatización o va a diluir el problema?

 Desde UGT tenemos que decir al Ministro que es como si hubiera dejado una vaca muerta ante un grupo de buitres que se lanzan y pelean entre ellos por conseguir la carne, importándole un bledo los inmigrantes, cuyo coste va a impedir que puedan acceder a la nacionalidad por el coste económico que conlleva, y destruyendo un servicio público de calidad como es el Registro Civil actual.

Pero bueno esto es el PP y sus políticas sociales y publicas

CONVENIO MJU Y CNAE EXPEDIENTES NACIONALIDAD POR RESIDENCIA

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