JORNADAS DE DEBATE SOBRE LA LEY DE CAMBIO CLIMÁTICO Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA

JORNADAS DE DEBATE SOBRE LA LEY DE CAMBIO CLIMÁTICO Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA

 

El pasado 25 y 26 de mayo se celebraron las jornadas de debate sobre la Ley de Cambio Climático y Transición Energética.

El objetivo de las mismas fue abrir un espacio de encuentro para identificar los elementos que deben contemplarse en la Ley entre los principales agentes y sectores implicados.

Las jornadas se estructuraron en 5 sesiones centradas en los principales sectores de actividad en España: la agricultura, la alimentación, los bosques, las ciudades, el transporte, la energía, la industria y la adaptación al cambio climático. En total, se ha contado con la presencia de cerca de 400 expertos en las diferentes áreas que han aportado su conocimiento y experiencia. Los expertos se han organizado en varias mesas redondas agrupadas por los diferentes grupos sociales (Administración General del Estado, Comunidades Autónomas, Entidades Locales, ONGs, organizaciones sindicales y asociaciones, partidos políticos, sector empresarial, financiero y jurídico, academia e investigación).

A continuación, hacemos un pequeño resumen de las principales conclusiones recopiladas de dichas jornadas.

Se destacó la necesidad de reconocer al sector agroalimentario (agricultura, ganadería, industria alimentaria y distribución) y forestal como estratégicos para frenar cambio climático, siendo necesaria garantizar la innovación en el sector, para que las mejores y más novedosas técnicas se apliquen a escala local y las reducciones de emisiones que se produzcan sean computables a escala nacional, a través de incentivos y marcos flexibles.

Se subrayó que la Ley debe contener objetivos por sectores, particularizando el esfuerzo de cada sector en cuanto al a reducción de emisiones. Estos objetivos deben ser específicos y de carácter obligatorio, pero debe consensuarse cómo pueden ser alcanzados.

Se valoró que es necesario un cambio profundo de modelo social para dar respuesta a los retos planteados, y que el concepto de ‘transición justa’ es tan importante en la mitigación como en la adaptación: por ejemplo la transición hacia nuevos modelos productivos y empleos menos vulnerables/más resilientes.

Algunas partes propusieron la creación un Observatorio Nacional de Adaptación al cambio climático, de carácter independiente y estable, con vocación de continuidad en el tiempo, y un “Registro de Soluciones” para estos problemas.

Se sugirió la aprobación de una Ley de movilidad con el objetivo de planificar la movilidad sostenible que garantice y fomente los desplazamientos de personas con movilidad reducida, a pie, en bicicleta, en transporte público y finalmente, privado. De igual manera consideran necesaria una regulación sobre el car-sharing y el car-pooling que fomente la compartición frente al vehículo privado. Se propone también, la modificación de la normativa vigente de tráfico con criterios ambientales más sostenibles de cara a la movilidad, como puede ser la reducción de la velocidad en vías urbanas e interurbanas.

Se solicitan esfuerzos adicionales en cuanto a la electrificación o con tendencia a emisiones cero del parque automovilístico, haciendo hincapié en las flotas de la Administración Pública.

Respecto al uso de energías renovables en edificios y viviendas se propone poner en marcha instrumentos de apoyo, así como desbloquear la normativa que dificulta su uso, tanto en climatización como para suministro de electricidad. También se debe impulsar la rehabilitación energética y regeneración urbana de viviendas y edificios, así como el ahorro energético en equipos e instalaciones.

En cuanto a la construcción y rehabilitación destacan la necesidad de fomentar el uso de materiales con baja huella de carbono, mientras que en el marco del tráfico rodado sugieren el desarrollo de planes para proteger lugares sensibles, identificando éstas como zonas cercanas a centros educativos, sanitarios y residenciales de tercera edad.

Se solicita que se garantice la jerarquía de gestión de los residuos imponiendo objetivos vinculantes y dotando de incentivos y medidas fiscales. Hacen hincapié en que esta medida debe estar dirigida no solo a la ciudadanía, sino a toda la cadena, en la que se incluyen los distribuidores y productores.

Debe desarrollarse una normativa que evite tanto el depósito de materia orgánica en vertedero como su incineración, principal fuente de emisiones de gases de efecto invernadero en la gestión de residuos. Debe obligarse a realizar una recogida selectiva de la materia orgánica y demás fracciones con los sistemas más eficientes existentes, como es el “puerta a puerta” acompañada de la implantación de plantas de compostaje para su tratamiento y conversión en abono orgánico.

Algunos participantes proponen un Ministerio movilidad, vivienda y energía en lugar del de Fomento, para poder materializar una política integrada en estos ámbitos.

Se debe enfocar el cambio climático como oportunidad y nicho de empleo de calidad, mediante el apoyo al I+D+i para generar soluciones que puedan hacer frente a los retos a los que nos enfrentamos.

Se señalaron medidas como recuperar y mejorar la actual red ferroviaria, y en particular los trenes de Cercanías que son los que más pasajeros mueven; completar la electrificación de toda la red; así como invertir en mejoras que contribuyan a aumentar el transporte por mercancías en ferrocarril.

Se propone la electrificación del parque móvil tiene,  que debe ser próxima al 100% hacia el 2030.

Es necesario acelerar e incentivar la transición energética. En este sentido consideran que hay que tomar medidas dirigidas a vehículos, infraestructuras (de combustibles y de transportes) y usuarios. Respecto de los vehículos, hay que actuar en la renovación del parque de vehículos circulante al ser la parte que más emite del sector y facilitar la penetración de las tecnologías alternativas que faciliten la transición. En relación a este último punto, matizan que es necesario establecer una serie de objetivos y de medidas concretas de carácter temporal que permitan superar las barreras (de costes, de tecnología, de adopción del mercado) a la introducción de las tecnologías alternativas, hasta que éstas sean consideradas como cualquier otra tecnología.

El espíritu final de la Ley debe ser poder disociar las emisiones de CO2 del crecimiento económico. Para ello es necesaria la apuesta decisiva por las energías limpias y por la eficiencia energética.

Se propone que la ley incluyera objetivos de balance cero de emisiones a 2050, ajustándose a los objetivos de la Cumbre de París, así como objetivos nacionales de reducción de emisiones más ambiciosos para los sectores difusos a 2020 y 2030 que los actualmente asumidos por el gobierno español y que supongan una reducción de emisiones respecto a las actuales y que sitúen a España en 2030 por debajo de las emisiones existentes en 1990.

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