Pública

UGT denuncia que los salarios de los docentes son similares a los que percibían en el año 2008

Los informes internacionales coinciden en señalar que los sistemas educativos con mejores resultados son aquellos que manifiestan un mayor reconocimiento social y económico de su colectivo docente, por lo que invertir en educación es mejorar las perspectivas de las generaciones futuras.

Esta afirmación no se cumple con nuestros docentes de la enseñanza pública no universitaria, que no ven reflejadas en sus retribuciones las mejoras económicas que pregona el Gobierno.

Conviene recordar algunos datos que justifican nuestras exigencias:

- Los docentes perciben al final de su carrera profesional hasta un 29% menos que sus colegas europeos. Además los salarios de los docentes españoles se han ido alejando paulatinamente de las medias de los países de nuestro entorno, necesitando 39 años de servicio para alcanzar el sueldo máximo en su carrera profesional, frente a los 20-30 de la media de los países europeos.

- Los docentes han perdido un 25% de su poder adquisitivo desde 2010, situándolos en términos del año 2000.

- Las cantidades salariales que percibe un docente en la actualidad son similares a las que percibía en el año 2008.

- Los docentes no tienen reconocida una verdadera carrera profesional. El profesorado español solo recibe bonificaciones salariales por tres conceptos: formación permanente, responsabilidades adicionales y localización geográfica (solo en el caso de las islas o de Ceuta y Melilla). Conceptos que varían dependiendo de cada comunidad autónoma.

- Solo el sueldo base y los trienios vienen establecidos en los PGE y son iguales en todas las CCAA y dependiendo del Cuerpo al que se pertenece.

- Las retribuciones brutas comunes a todos los docentes (el complemento de destino y el complemento específico) sufren diferencias según la CCAA en la que se desarrolla su actividad profesional. Del mismo modo otros complementos retributivos (sexenios, tutorías, coordinaciones, compensatoria, departamentos, TIC, bilingüismo, itinerancias, programas…) también tienen diferentes cuantías por CC.AA y, además, no en todas son reconocidos.

- Existen diferencias salariales considerables entre las diferentes CCAA que pueden llegar a superar los 600 euros, teniendo en cuenta únicamente los conceptos comunes básicos. Los docentes vascos son los mejor remunerados seguidos de Cantabria, Navarra y Castilla- La Mancha. En el caso de Primaria las cantidades oscilan entre 2.382 euros en Euskadi hasta 2.154,23 euros en Castilla-La Mancha. En Secundaria las cantidades van de los 2.867,97 euros de Euskadi hasta los 2.415,12 euros de Castilla-La Mancha.

- Por el contrario, los docentes peor pagados son los de Asturias, Galicia, Aragón y Madrid. Los maestros asturianos perciben solo 1.975,12 euros y los madrileños 2.031,23. En Secundaria, en Asturias las cantidades descienden hasta 2.232,22 euros y en Madrid a 2.296,09.

- Los docentes ven cómo cada día aumentan más sus tareas y se les exigen mayores competencias profesionales, sin ningún tipo de compensación.

- Los docentes al jubilarse también sufren la pérdida de poder adquisitivo por la escasa revalorización de sus pensiones.

Por todo ello, el Sector de Enseñanza de FeSP-UGT exige al Gobierno y a las Administraciones autonómicas la recuperación de la pérdida del poder adquisitivo de los salarios docentes, así como la reversión de los recortes salariales y educativos, la recuperación y el resarcimiento de los derechos perdidos  e  incrementos salariales.

El sindicato considera que un sistema educativo de calidad ha de cuidar a sus docentes y una forma de motivación y reconocimiento es ofrecer un salario en consonancia a la responsabilidad asumida. Ese esfuerzo ha de ser reconocido y valorado, ya sea salarialmente y/o con condiciones laborales más favorables.

FeSP-UGT considera que es difícil pretender captar y retener al profesorado en una profesión con tantos cometidos y con tal carga de compromiso y responsabilidades si no existe al mismo tiempo una correlación entre estos y las gratificaciones recibidas.

 

 

Novedades educativas del 2 al 8 de febrero de 2018

Novedades educativas del 2 al 8 de febrero de 2018

 

 

 

La educación que queremos. Plataforma Estatal por la Escuela Pública

La situación de deterioro por los recortes educativos y sociales de los últimos siete años precisa de nuevas políticas educativas y sociales. Para fortalecer el contenido de un pacto por la educación, que revierta los deterioros y permita avances educativos y sociales, requerimos del diálogo social y la participación de la comunidad educativa. Las Administraciones Públicas, garantizando la inversión necesaria, deben apostar por la planificación, promoción y extensión de una red pública de escuelas que sea el eje vertebrador de la escolarización, porque es la escuela pública la que debe ser la garante de la equidad y el derecho a una educación de calidad.

Reclamamos al Gobierno central y a los Gobiernos autonómicos una nueva política educativa, que revierta los recortes contra la educación pública, incluyendo ratio, empleo, becas, ayudas, infraestructura, así como que se revisen los currículos, se fomente la formación del profesorado, se prevenga el fracaso escolar y se promueva la conciliación familiar y laboral, todo ello dentro de una escuela, gratuita, inclusiva, laica, participativa y democrática.

Desde la Plataforma por la Escuela Pública, consideramos como elementos rectores de las políticas educativas los siguientes:

1.    La educación básica debe entender como finalidades que alumnos y alumnas sean capaces de:

•    Aprender por sí mismos a ser personas y a vivir con dignidad.

•    Aprender por sí mismos a convivir como ciudadanos y ciudadanas del mundo, críticos, libres, justos y solidarios.

•    Aprender por sí mismos las habilidades para la vida adulta.

•    Aprender por sí mismos a cuidar y defender el planeta Tierra como ecosistema universal.

•    Aprender por sí mismos a conocer.

•    Aprender a ser autónomos e independientes a partir de un conocimiento crítico de la realidad.

2.    La consideración de la educación como un derecho fundamental y universal de ciudadanía que debe ser garantizado por los poderes públicos. Comprende el acceso gratuito al sistema educativo en todas sus fases y la compensación cuando se parte de situaciones de desventaja. El derecho a la educación se debe entender como un derecho a lo largo de toda  la vida, sincronizado o en alternancia con el trabajo.

3.    La garantía de la equidad y la inclusión como valores transversales. Como valores humanos, la escuela debe promover e implementar justicia e igualdad real de oportunidades; entendiendo la diversidad como valor positivo para el aprendizaje y el desarrollo de las personas y la comunidad. Los poderes públicos deben promover que todas las personas pue- dan acceder a la educación, puesto que es el sistema educativo el motor principal para luchar contra las desigualdades sociales, para conseguir compensarlas y lograr una verdadera cohesión social.

4.    La promoción de la igualdad de las personas, sin discriminación de género, orientación sexual, religión, clase social, origen, raza, aspecto, lengua  o cualesquiera otras. Nuestro modelo educativo debe basarse en una escolarización mixta, sin estereotipos y equilibrada. Tal promoción integra la coeducación y la educación en valores y para la ciudadanía, impulsando la igualdad entre los sexos, el respeto a la diversidad afectiva y sexual y de género, que supere los contenidos que sustentan las desigualdades de género; la educación en una cultura de paz y para la convivencia, la resolución pacífica de conflictos y el diálogo; la educación en el respeto a los seres humanos y a la naturaleza, ligada a nuestra propia supervivencia; la participación en el proceso de enseñanza aprendizaje fundamentado en el trabajo cooperativo y en la solidaridad, hará posible el aprendizaje de la ciudadanía.

5.    La garantía de una educación laica, de forma que ninguna creencia religiosa se utilice ni como adoctrinamiento ni como motivo de discriminación o de obtención de privilegios, asegurando el respeto por las creencias individuales de todas las personas. Esto significa la supresión de la confesionalidad del currículum y específicamente la materia de religión.

6.    La exigencia de una escuela democrática y participativa por medio de una visión abierta de los centros educativos y la participación de la comunidad educativa. Promover la autonomía de los centros educativos, así como la gestión y el control de los centros por parte de la propia comunidad educativa, dotando en este sentido al consejo escolar de un espíritu de consenso y de las competencias necesarias y promoviendo el carácter democrático y pedagógico de los equipos directivos; así como reconocer y regular los derechos de los y las estudiantes.

7.    La construcción de un currículo alternativo al existente, con la participación activa de la comunidad educativa, dinamizándolo y adaptándolo a las exigencias y necesidades futuras de las nuevas generaciones y que integre los nuevos problemas sociales. Introducir nuevas metodologías, innovación y aprendizaje cooperativo en el trabajo con el alumnado y entre el profesorado. Organizar nuevos tiempos y objetivos que amplíen las posibilidades de aprendizaje del alumnado y reciban una formación integral y no una formación encaminada solo a la superación de pruebas externas. Un currículo que facilite un proceso de enseñanza y aprendizaje más personalizado y respetuoso con los ritmos de aprendizaje y las características del alumnado y sus familias, que fomente la creatividad, la imaginación, la motivación, la interacción, la iniciativa y el aprendizaje por descubrimiento.

8.    La inversión educativa garantiza el derecho a la educación que queremos. Un sistema educativo público y de calidad no solo necesita una financiación suficiente, sino también una intencionalidad política que defina los fines que pretendemos y los objetivos que le atribuimos. Un sistema basado en la equidad como principio, que desarrolle instrumentos y acciones dirigidas a compensar las desigualdades y garantizar una educación de calidad para cualquier persona requiere un esfuerzo económico notable. La inversión en un sistema educativo público y de calidad debe ser suficiente y sostenida en el tiempo. Requerimos una inversión del dinero público en la escuela pública, de modo que permita el cumplimiento de la equidad y el derecho a una educación de calidad, gratuita, inclusiva, laica y participativa; así como la universalización y garantía del derecho a la educación. Desde la Plataforma por la Escuela Pública, proponemos 5% del PIB en una legislatura con el compromiso de llegar a medio plazo al 7%, trasladando ese incremento al gasto por alumno/a en todos los territorios y vinculando esa subida a programas y proyectos socialmente debatidos, con objetivos y prioridades que respondan a las necesidades educativas  compartidas por toda la sociedad.

9.    El ejercicio de la docencia. El profesorado es un agente clave en los procesos de construcción de una sociedad más justa, libre y democrática, por lo que su reconocimiento, valoración y apoyo social e institucional se hace imprescindible, evitando la precariedad e inestabilidad laboral y permitiéndoles además su desarrollo. El profesorado está afectado por los cambios acelerados que se producen en su entorno y, por tanto, su tarea de educar y enseñar está en permanente cambio. Por ello, uno de los factores que han de responder a dichos cambios es la formación inicial y la necesaria formación continua del profesorado.

10.    La estabilidad en las políticas educativas. La educación debe entenderse como un proceso de mejora continuada. En este sentido, hay que tener capacidad para reflexionar colectivamente y hacer un diagnóstico preciso y riguroso de la situación actual de la educación en nuestro país que permita realizar propuestas de mejora eficaces y continuadas en el tiempo. La educación ha de formar parte de los consensos básicos que permitan su estabilidad.

Se hace necesario que se realicen acuerdos entre todos los agentes sociales y políticos, para que el sistema educativo sea más estable y no dependa de los cambios de  gobierno. Es un momento propicio para trabajar juntos en un pacto educativo que siente las bases ideológicas y los compromisos que sirvan de anclajes para una normativa en la que se puedan establecer cambios puntuales (según las necesidades), pero no estructurales, como viene sucediendo.

Por ello, se hace imprescindible la participación de la comunidad educativa  y los agentes sociales en el diagnóstico y la construcción de estos consensos básicos.

 

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Novedades educativas del 26 de enero al 1 de febrero de 2018

Novedades educativas del 26 de enero al 1 de febrero de 2018

 

 

 

UGT reivindica menos horas lectivas para los docentes

El aumento de horas lectivas con el que se ha sobrecargado al profesorado en los últimos años, unido al aumento de las ratios, afecta tanto a la calidad educativa como al proceso de aprendizaje del alumnado, pero, además, implica la reducción del número de docentes necesarios para garantizar dicha calidad.

La sobrecarga de horas lectivas dificulta que el profesorado pueda dedicar más tiempo a otro tipo de actividades que tienen una gran repercusión en la enseñanza, como son la atención a las familias, la participación en proyectos de innovación educativa, tutorías, preparación de clases, correcciones, cursos de formación, reuniones o, por ejemplo, tutorización de profesores noveles.

El Sector de Enseñanza de FeSP-UGT reclama la jornada laboral máxima de 35 horas y que dentro de ese horario el profesorado pueda disponer de una mayor dedicación a otras funciones que son tan imprescindibles como las lectivas, y que han de redundar en beneficio de la calidad de la enseñanza y de la mejora cuantitativa y cualitativa del empleo.

Tanto en Educación Infantil y Primaria como en Secundaria, el horario laboral está establecido en 37,5 horas semanales en todas las comunidades autónomas. Con anterioridad a los recortes, un grupo de comunidades formado por La Rioja, Navarra, Castilla-La Mancha y Castilla y León tenían 35 horas semanales, en tanto que Murcia tenía 36,5 horas.

En Primaria, están generalizadas las 30 horas semanales de permanencia en el centro. Hay tres excepciones: Murcia, con 31 horas, y La Rioja y Castilla-La Mancha, con 29. En la mayoría de las comunidades los maestros imparten 25 horas lectivas semanales, salvo en Euskadi, con 23 periodos lectivos, y Cataluña, con 24.
El tiempo dedicado en Infantil y Primaria a impartir clases, en detrimento de otras actividades, es más elevado en nuestro país que en los de la OCDE o de EU22. En España, el porcentaje de horas de enseñanza directa en Primaria en relación al tiempo total es de un 62%. Por el contrario, el tiempo total medio dedicado a la enseñanza en los países de la OCDE o de la Unión Europea es de un 49%.

Por todo ello, FeSP-UGT sigue reclamando la reducción a 20 horas lectivas semanales para los docentes de Infantil y Primaria y un mayor equilibrio en el número de horas de atención directa al alumnado, lo que supondría disponer de más horas de preparación, evaluación, coordinación o formación. Además, ayudaría a prevenir el desgaste que supone el excesivo número de horas de docencia directa, lo que redundará tanto en la calidad de la enseñanza y de la atención que recibe el alumnado, como en la salud laboral de nuestros docentes y en la mejora cualitativa y cuantitativa del empleo.

En Secundaria, las horas de permanencia en el centro son 30 horas semanales. De esta norma, escapan Canarias (29,5 horas); Castilla-La Mancha (29), y La Rioja (29), así como Murcia, cuyo profesorado debe permanecer en el centro 31 horas semanales.

En esta etapa, los periodos lectivos semanales oscilan entre los 18 y los 21. En la mayoría de las comunidades autónomas, el profesorado de Secundaria imparte como mínimo 20 horas lectivas. Las excepciones son Andalucía, Baleares, Cantabria y Castilla-La Mancha, que tienen un mínimo de 18 horas lectivas. Los periodos lectivos máximos quedan establecidos en 21, salvo en Cataluña, con un máximo de 19, y La Rioja, en donde se puede llegar a un máximo de 22 periodos lectivos semanales.

Como en Infantil y Primaria, el tiempo de trabajo dedicado en Secundaria a la impartición de clase resta también horas al profesorado para otras actividades relacionadas con la docencia. En la Secundaria inferior española ese porcentaje de horas de enseñanza directa con respecto al tiempo total es de un 50%, y en Secundaria superior, de un 49%. Ambos porcentajes, y al igual que sucede en Infantil y Primaria, están por encima de las medias de la OCDE y de la UE22, situadas en un 41-43% en Secundaria inferior y en un 40% en Secundaria superior.
FeSP-UGT considera imprescindible reducir la carga lectiva del profesorado de Secundaria hasta un máximo de 18 horas semanales, y que haya un mayor equilibrio entre el número de horas de atención directa al alumnado y el de preparación de otras actividades.

Mayores de 55 años

En relación con la reducción de la jornada lectiva para el profesorado mayor de 55 años, dado que no tiene carácter básico en la LOMCE y su desarrollo depende de cada comunidad autónoma, existen diferencias muy significativas entre ellas. El acuerdo básico de 20 de octubre de 2005 entre el Ministerio de Educación y los sindicatos creó una serie de expectativas que, lamentablemente, no han llegado a cumplirse. Aragón, Asturias, Castilla y León, Extremadura y Galicia no han desarrollado ninguna normativa al respecto, y, por ejemplo, en Cantabria desapareció la que había. En otras, no se ha completado la aplicación paulatina de esa reducción o bien se aplica únicamente a mayores de 59 años.

UGT defiende la reducción voluntaria de la jornada lectiva para los mayores de 55 años, sin reducción de haberes. Esta medida, que además de generar puestos de trabajo posibilitaría el acceso de jóvenes al mundo laboral, no debería estar supeditada a las necesidades del centro educativo, como sucede en la actualidad. Las Administraciones educativas deben de dotar a los centros de personal docente suficiente para que ninguno pueda quedar excluido de este derecho.

Función tutorial

Respecto a la función tutorial, en Infantil y Primaria no hay reducciones horarias para su preparación, y la única diferencia entre comunidades autónomas radica en si está remunerada o no y en la cuantía. Andalucía, Baleares, Euskadi, Galicia, Melilla y Murcia son las únicas comunidades en las que sí se remunera, si bien las diferencias económicas van de los 26 euros de Andalucía hasta los 58,18 euros de Euskadi.

En Secundaria existe un enorme número de variables en la función tutorial entre las distintas comunidades. Además de oscilar el número de horas de dedicación del profesorado, en unas está remunerada y en otras no, y es también distinta la compensación económica que se percibe. En nueve comunidades no se contempla ninguna remuneración, y en las que sí se reconoce las cantidades van de los 26,05 euros de Andalucía a los 59,18 euros de Euskadi.

UGT, para la que es imprescindible que se refuerce y se potencie la función tutorial, recuerda que en el artículo 105 de la LOMCE se señala que las Administraciones educativas deben favorecer su reconocimiento mediante los oportunos incentivos profesionales y económicos. Dada la importancia de esta labor, reclamamos a las distintas Administraciones educativas que adopten las medidas necesarias para lograr ese reconocimiento.

Los incentivos deben ser tanto de carácter económico como profesional, y pueden ir desde la disposición de horas lectivas para realizar adecuadamente esta función, a contemplar la tutoría como mérito en todos los procesos administrativos, así como el reconocimiento económico en todas las comunidades, con complementos por acción tutorial que retribuyan el esfuerzo y la dedicación a esta tarea.

Debido a la complejidad de los centros y de sus proyectos educativos, el profesorado viene desempeñando funciones y/o labores docentes que no están contempladas en ninguna norma y que necesitan una dedicación especial. UGT reclama el reconocimiento de dichas tareas con compensaciones tanto económicas como horarias para aquel profesorado implicado en las mismas.

 

Informe: Horario del profesorado de Educación Infantil y Primaria en las Comunidades Autónomas

Informe: Horario del profesorado de Educación Secundaria en las Comunidades Autónomas

 

 

 

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