La educación que queremos. Plataforma Estatal por la Escuela Pública

La situación de deterioro por los recortes educativos y sociales de los últimos siete años precisa de nuevas políticas educativas y sociales. Para fortalecer el contenido de un pacto por la educación, que revierta los deterioros y permita avances educativos y sociales, requerimos del diálogo social y la participación de la comunidad educativa. Las Administraciones Públicas, garantizando la inversión necesaria, deben apostar por la planificación, promoción y extensión de una red pública de escuelas que sea el eje vertebrador de la escolarización, porque es la escuela pública la que debe ser la garante de la equidad y el derecho a una educación de calidad.

Reclamamos al Gobierno central y a los Gobiernos autonómicos una nueva política educativa, que revierta los recortes contra la educación pública, incluyendo ratio, empleo, becas, ayudas, infraestructura, así como que se revisen los currículos, se fomente la formación del profesorado, se prevenga el fracaso escolar y se promueva la conciliación familiar y laboral, todo ello dentro de una escuela, gratuita, inclusiva, laica, participativa y democrática.

Desde la Plataforma por la Escuela Pública, consideramos como elementos rectores de las políticas educativas los siguientes:

1.    La educación básica debe entender como finalidades que alumnos y alumnas sean capaces de:

•    Aprender por sí mismos a ser personas y a vivir con dignidad.

•    Aprender por sí mismos a convivir como ciudadanos y ciudadanas del mundo, críticos, libres, justos y solidarios.

•    Aprender por sí mismos las habilidades para la vida adulta.

•    Aprender por sí mismos a cuidar y defender el planeta Tierra como ecosistema universal.

•    Aprender por sí mismos a conocer.

•    Aprender a ser autónomos e independientes a partir de un conocimiento crítico de la realidad.

2.    La consideración de la educación como un derecho fundamental y universal de ciudadanía que debe ser garantizado por los poderes públicos. Comprende el acceso gratuito al sistema educativo en todas sus fases y la compensación cuando se parte de situaciones de desventaja. El derecho a la educación se debe entender como un derecho a lo largo de toda  la vida, sincronizado o en alternancia con el trabajo.

3.    La garantía de la equidad y la inclusión como valores transversales. Como valores humanos, la escuela debe promover e implementar justicia e igualdad real de oportunidades; entendiendo la diversidad como valor positivo para el aprendizaje y el desarrollo de las personas y la comunidad. Los poderes públicos deben promover que todas las personas pue- dan acceder a la educación, puesto que es el sistema educativo el motor principal para luchar contra las desigualdades sociales, para conseguir compensarlas y lograr una verdadera cohesión social.

4.    La promoción de la igualdad de las personas, sin discriminación de género, orientación sexual, religión, clase social, origen, raza, aspecto, lengua  o cualesquiera otras. Nuestro modelo educativo debe basarse en una escolarización mixta, sin estereotipos y equilibrada. Tal promoción integra la coeducación y la educación en valores y para la ciudadanía, impulsando la igualdad entre los sexos, el respeto a la diversidad afectiva y sexual y de género, que supere los contenidos que sustentan las desigualdades de género; la educación en una cultura de paz y para la convivencia, la resolución pacífica de conflictos y el diálogo; la educación en el respeto a los seres humanos y a la naturaleza, ligada a nuestra propia supervivencia; la participación en el proceso de enseñanza aprendizaje fundamentado en el trabajo cooperativo y en la solidaridad, hará posible el aprendizaje de la ciudadanía.

5.    La garantía de una educación laica, de forma que ninguna creencia religiosa se utilice ni como adoctrinamiento ni como motivo de discriminación o de obtención de privilegios, asegurando el respeto por las creencias individuales de todas las personas. Esto significa la supresión de la confesionalidad del currículum y específicamente la materia de religión.

6.    La exigencia de una escuela democrática y participativa por medio de una visión abierta de los centros educativos y la participación de la comunidad educativa. Promover la autonomía de los centros educativos, así como la gestión y el control de los centros por parte de la propia comunidad educativa, dotando en este sentido al consejo escolar de un espíritu de consenso y de las competencias necesarias y promoviendo el carácter democrático y pedagógico de los equipos directivos; así como reconocer y regular los derechos de los y las estudiantes.

7.    La construcción de un currículo alternativo al existente, con la participación activa de la comunidad educativa, dinamizándolo y adaptándolo a las exigencias y necesidades futuras de las nuevas generaciones y que integre los nuevos problemas sociales. Introducir nuevas metodologías, innovación y aprendizaje cooperativo en el trabajo con el alumnado y entre el profesorado. Organizar nuevos tiempos y objetivos que amplíen las posibilidades de aprendizaje del alumnado y reciban una formación integral y no una formación encaminada solo a la superación de pruebas externas. Un currículo que facilite un proceso de enseñanza y aprendizaje más personalizado y respetuoso con los ritmos de aprendizaje y las características del alumnado y sus familias, que fomente la creatividad, la imaginación, la motivación, la interacción, la iniciativa y el aprendizaje por descubrimiento.

8.    La inversión educativa garantiza el derecho a la educación que queremos. Un sistema educativo público y de calidad no solo necesita una financiación suficiente, sino también una intencionalidad política que defina los fines que pretendemos y los objetivos que le atribuimos. Un sistema basado en la equidad como principio, que desarrolle instrumentos y acciones dirigidas a compensar las desigualdades y garantizar una educación de calidad para cualquier persona requiere un esfuerzo económico notable. La inversión en un sistema educativo público y de calidad debe ser suficiente y sostenida en el tiempo. Requerimos una inversión del dinero público en la escuela pública, de modo que permita el cumplimiento de la equidad y el derecho a una educación de calidad, gratuita, inclusiva, laica y participativa; así como la universalización y garantía del derecho a la educación. Desde la Plataforma por la Escuela Pública, proponemos 5% del PIB en una legislatura con el compromiso de llegar a medio plazo al 7%, trasladando ese incremento al gasto por alumno/a en todos los territorios y vinculando esa subida a programas y proyectos socialmente debatidos, con objetivos y prioridades que respondan a las necesidades educativas  compartidas por toda la sociedad.

9.    El ejercicio de la docencia. El profesorado es un agente clave en los procesos de construcción de una sociedad más justa, libre y democrática, por lo que su reconocimiento, valoración y apoyo social e institucional se hace imprescindible, evitando la precariedad e inestabilidad laboral y permitiéndoles además su desarrollo. El profesorado está afectado por los cambios acelerados que se producen en su entorno y, por tanto, su tarea de educar y enseñar está en permanente cambio. Por ello, uno de los factores que han de responder a dichos cambios es la formación inicial y la necesaria formación continua del profesorado.

10.    La estabilidad en las políticas educativas. La educación debe entenderse como un proceso de mejora continuada. En este sentido, hay que tener capacidad para reflexionar colectivamente y hacer un diagnóstico preciso y riguroso de la situación actual de la educación en nuestro país que permita realizar propuestas de mejora eficaces y continuadas en el tiempo. La educación ha de formar parte de los consensos básicos que permitan su estabilidad.

Se hace necesario que se realicen acuerdos entre todos los agentes sociales y políticos, para que el sistema educativo sea más estable y no dependa de los cambios de  gobierno. Es un momento propicio para trabajar juntos en un pacto educativo que siente las bases ideológicas y los compromisos que sirvan de anclajes para una normativa en la que se puedan establecer cambios puntuales (según las necesidades), pero no estructurales, como viene sucediendo.

Por ello, se hace imprescindible la participación de la comunidad educativa  y los agentes sociales en el diagnóstico y la construcción de estos consensos básicos.

 

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