Subida salarial, negociación y más oferta pública de empleo

 

 

La Federación de Empleadas y Empleados de los Servicios Públicos (FeSP) de UGT se ha reunido con la Secretaria de Estado de Función Pública, Elena Collado, para hacerle llegar sus propuestas para la legislatura que comienza y pedir, nuevamente, la convocatoria de Mesa General de Función. UGT ha planteado que, al igual que los recortes del PP en la anterior legislatura se aplicaron sin falta en todas las Administraciones, la restituciones de los derechos también tengan carácter básico y general para todos empleados públicos.

En esta primera toma de contacto, UGT ha apreciado disposición al Diálogo por parte de la Administración; la secretaria de Estado nos ha adelantado la intención del ministro Montoro de convocar en breve la Mesa General para negociar los asuntos que son prioritarios tanto para el sindicato como para los 3 millones de empleados y empleadas públicas de nuestro país.

Julio Lacuerda, secretario general de FeSP-UGT, ha destacado que “afrontamos esta nueva etapa con la máxima disposición al diálogo pero también con la máxima exigencia para recuperar los derechos que se perdieron durante la crisis”.

Es perentoria la aplicación de una política salarial que permita al conjunto de los trabajadores al servicio de las Administraciones Públicas recuperar el poder adquisitivo perdido durante los últimos años. Para el sindicato, cualquier propuesta salarial inferior al IPC representaría un agravio para los empleados públicos, que acumulan una pérdida del -11,3% en aquellas comunidades autónomas donde no se ha devuelto la paga extra suprimida en 2012.

UGT propone un Plan de Empleo y Ordenación de Recursos Humanos  y medidas que favorezca la estabilidad en las Administraciones. Actualmente en las administraciones públicas existe un porcentaje de precarieadad laboral superior al 20%, una cifra que alcanza el 30% en algunos sectores como el sanitario. Los gobiernos han generado este problema, haciendo trampas en sus contrataciones, por un lado recortaban la oferta de empleo público y establecían tasas de reposición y por un empleaban interinos para atender a las necesidades inaplazables de la ciudadanía. Por tanto, es el momento de solventar la situación, adaptando la legislación española a la normativa europea y regulando una Oferta Pública de Empleo que corrija la actual situación de precariedad y ponga freno al envejecimiento de la plantillas. En la Administración General del Estado, el 61% de los trabajadores tiene más de 50 años.

Según el boletín estadístico del personal al servicio de las Administraciones, la suma de empleos públicos perdidos desde 2012 asciende a 173.957 y afecta en mayor medida a la Administración General del Estado, a las entidades locales (ayuntamientos y diputaciones) así como a las Comunidades Autónomas.

El Gobierno debe impulsar un sistema de cobertura de la incapacidad temporal que proporcione una protección adecuada y suficiente a todos los trabajadores y  restablecer la jornada de 35 horas allí donde estuvieran vigentes antes de los recortes, además debe respetar los ámbitos de negociación y acuerdos firmados en otros ámbitos.

 

 

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