El 80% de los asuntos que atañen a los empleados públicos se pueden negociar sin PGE

 El secretario general de la FeSP-UGT, Julio Lacuerda, ha mantenido un desayuno informativo con distintos medios de comunicación para hacer un balance de las exigencias del sindicato en relación al empleo público, en un momento político en que crece el discurso de la recuperación pero la negociación colectiva no acaba de concretarse. Los sindicatos de Función Pública esperan que el ministro Montoro convoque la Mesa General en las próximas semanas para concretar las materias que van a ser objeto de diálogo en dicho marco.

Temporalidad y poder adquisitivo

El incremento salarial y recuperación de poder adquisitivo, la supresión de la tasa de reposición y, sobre todo, acabar con la elevada temporalidad que afecta a las administraciones públicas en nuestro país son asuntos prioritarios para UGT. "El Gobierno puede abordar estos asuntos inmediatamente, con o sin Presupuestos Generales", ha asegurado Lacuerda.

“El Gobierno no tiene interés en hablar de temporalidad porque es un tema de carácter básico. Pero en nuestro país hay 395.000 trabajadores y trabajadoras en situación de interinidad y temporalidad ocupando puestos de trabajo estructurales”. Lacuerda ha recordado que entre el personal estatutario del Sistema nacional de Salud la temporalidad afecta al 36,5% del personal. Entre el personal al servicio de las Administraciones autonómicas es del 25.,5%. Entre el personal del ámbito docente no universitario es del 21% y en la administración de Justicia del 23,8%.

La pérdida de poder adquisitivo acumulada desde 2012, en términos generales, asciende al 13´3%. Sólo en el año 2016 se han perdido 2 puntos (subida del 1%, IPC en el 3%), situación que puede volver a reproducirse en 2017. Las cuantías de las retribuciones básicas (salario y trienios) y alguna complementaria (destino) son similares a las tablas salariales de 2007.

“Queremos recuperar el poder adquisitivo perdido (recortes salariales + congelaciones + supresión en el abono de determinadas retribuciones). Con una subida para 2017 al menos igual que la subida del IPC y cláusula de revisión, junto con el compromiso de recuperación paulatina del poder adquisitivo a lo largo de la presente legislatura”.

Lacuerda ha afirmado que el sindicato no pone objeciones a una negociación de carácter plurianual con el Gobierno pero también ha advertido que UGT no puede fiarse de esta intención si no hay un incremento salarial de entrada.

“Consideramos nuestra propuesta ajustada al techo de gasto social acordada en sede parlamentaria, pues 1 punto de incremento salarial supone, aproximadamente, 1.000 millones de euros, lo que ofrece margen suficiente para mejorar las condiciones retributivas de los empleados públicos”.

Mayor financiación

Incrementar el gasto social en los servicios públicos más esenciales para la ciudadanía (Sanidad, Educación, etc.), acercando su porcentaje sobre el PIB a la media europea, recuperando los objetivos primordiales de la Ley General de Sanidad y la Educación Pública.

EL Programa de Estabilidad 2016-2019 prevé que el conjunto de servicios públicos tendrá una incidencia porcentual sobre el PIB de -3,25% desde 2015 hasta el 2019, lo que se traduce en un menor gasto para estas funciones. Los RDLS 14/2012 y 16/2012 redujeron el gasto en Educación (más de 6.500 millones de euros) y Sanidad (más de 8.000 millones de euros), respectivamente, de forma drástica.

El gasto social en la Administración Local permanece estancado desde hace décadas sobre el 13%. Esta cifra es muy inferior a la del resto de Administraciones, y 5 puntos por debajo de la media de la Unión Europea. Por proximidad, calidad y capacidad de generar riqueza, es preciso aumentar las competencias de las Entidades Locales en materias como servicios sociales, gestión primaria de salud, programación de la enseñanza en relación con los inmuebles, etc.

Crear empleo neto

Consideramos urgente crear empleo público neto, superando las actuales tasas de reposición. Desbloquear los procesos de consolidación de efectivos de personal interino (no compute en la tasa, eliminar la fecha límite de 2005 del EBEP, etc.). En este sentido,  Julio Lacuerda ha afirmado que el Gobierno, en un papel de empleador, no ha contribuido en absoluto a reducir el paro en nuestro país.

El volumen de empleo público se sitúa hoy en términos del año 2007. Es preciso revertir la destrucción de empleo acumulada estos últimos años (última legislatura), que en las Administraciones Públicas asciende a la preocupante cifra de 113.362 plazas, por la tasa de reposición, la amortización de plazas y jubilaciones masivas de los funcionarios de Clases Pasivas ante la incertidumbre con el futuro de las pensiones.

Jornada de 35 horas

Cada Administración Pública debe tener capacidad en función de sus posibilidades financieras, plantilla, servicios a prestar, etc., su autonomía y capacidad auto-organizativa para fijar la jornada laboral que considere más conveniente. “¿Por qué el Sr. Montoro tiene que fijar la jornada laboral de un Ayuntamiento, en el Estado más descentralizado de Europa?”.

Reforma del EBEP

En estos años el Gobierno lo ha modificado unilateralmente en 15 ocasiones. Esto ha tenido consecuencias muy negativas.  Una de ellas es la recentralización normativa a la hora de establecer las condiciones de trabajo,  supresión de la jubilación parcial (únicos trabajadores que no se pueden acoger a la misma); sometimiento incondicional de la negociación colectiva a criterios economicistas; rebaja salarial en situación de IT; reducción de los días de permiso y vacaciones; militarización de la Administración al facilitar el acceso a exmilitares; limitación de la libertad sindical; etc.

“Tenemos que  recuperar los contenidos originales que posibilitaron el unánime consenso para su aprobación, adaptarlo a la realidad jurisprudencial, actualizarlo a las nuevas demandas socio-profesionales de los empleados públicos y desarrollarlo a nivel territorial y sectorial”.

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