L@s emplead@s públic@s tienen que recobrar derechos y participar de la recuperación económica

 UGT ha celebrado su asamblea anual consultiva bajo una consigna clara: pasar a la ofensiva y recuperar derechos. El sindicato ha reunido en Madrid a 1.500 delegad@s, procedentes de las distintas Uniones y Federaciones para debatir sobre   objetivos y estrategias en el diálogo social, la negociación colectiva y los cambios organizativos que ha emprendido el sindicato.

A las once de la mañana, tres delegadas, de FeSP-UGT, FICA-UGT y FeSMC-UGT, se han dirigido al auditorio de Duques de Pastrana para dar unas pautas sobre la organización del acto. Se trata de una Asamblea abierta que da cumplimiento a las Resoluciones del 42º Congreso Confederal y cuyo objetivo es fortalecer la participación de los afiliados, crear debate y promover alternativas. Una asamblea más participativa y espontánea que en anteriores ocasiones, según han resaltado, donde se ha aumentado el tiempo dedicado a las preguntas de los delegad@s. Las cuestiones formuladas a los dirigentes de UGT se han recopilado a través de formularios repartidos entre los asistentes, agrupado en varios bloques temáticos por similitud y por último elegido una de cada módulo.

Cuestiones relacionadas con la situación del Diálogo Social y las Mesas abiertas en materia de pensiones, la contratación, el empleo o los problemas de la juventud, el escenario actual de la Negociación Colectiva o la vida interna del sindicato, que serán contestadas por los miembros de las Comisiones Ejecutivas Confederales, Federales y de Unión de Comunidad Autónoma.

Servicios Públicos

Julio Lacuerda, secretario general de FeSP-UGT, ha respondido a las  numerosas cuestiones que preocupan a los empleados y empleadas de los servicios públicos. Desde el futuro del sector postal y los recortes en sanidad o educación a  detalles del acuerdo sobre empleo público que UGT ha firmado en el seno de la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas.

Sobre este último, el secretario de FeSP-UGT ha resaltado  la importancia del texto logrado por la FeSP-UGT, tras siete años de enfrentamientos continuos con el Gobierno de turno, cerca de 400.000 puestos de trabajo perdidos en el sector y la ausencia de ofertas de empleo público.

La temporalidad en el sector público se incrementó hasta situar a nuestro país en una posición tan escandalosa que incluso el Tribunal de Justicia Europeo ha tenido que intervenir: un 32% en el sector sanitario, 23% en Justici y, 25% en la Enseñanza.

“Este acuerdo –afirma Lacuerda- debe crear empleo neto en el sector público, generar riqueza y dar la oportunidad de trabajar en los servicios públicos a tantos jóvenes tan bien formados”.

El acuerdo tiene, además, la virtud de devolver a la negociación materias básicas que se habían sustraído. Ofrece un margen de actuación suficiente al conjunto de las Administraciones Públicas en la gestión de sus recursos humanos, frente al ansía centralizadora de la anterior legislatura.

Por tanto, la negociación de las ofertas de empleo público y de la estabilización de puestos de trabajo se sustanciará en los procesos de diálogo de las entidades locales y las Comunidades Autónomas.

El dirigente sindical ha dejado claro que UGT mantiene su oposición a la subida salarial del 1% para los empleados públicos y, por tanto, el acuerdo no significa que todo está hablado con el Gobierno.

Sanidad

La Sanidad Pública ha sido otra de las cuestiones que han centrado el interés de los delegad@s. El responsable de la FeSP-UGT ha ensalzado la eficacia de nuestro Sistema Nacional de Salud, a pesar de haber estado en el punto de mira del actual Gobierno con unos recortes que han minorado significativamente su calidad, cobertura y extensión.

“Nuestra sanidad pública es una de las más eficientes del mundo porque con una inversión sanitaria con respecto a su Producto Interior Bruto por debajo de otros países de su entorno, sus indicadores de salud están a la cabeza de la tabla mundial” ha recordado Lacuerda. Aunque para mantener su calidad asistencia, el sindicato plantea a los gobiernos dedicar en los cuatro próximos años algún punto más de su Producto Interior Bruto a la sanidad pública; 

Otro punto fundamental es mejorar la coordinación de los distintos servicios de salud de las CC AA para hacer frente a retos como el envejecimiento de la población o el mayor peso de las enfermedades crónicas e invalidantes y precisar qué prestaciones incorpora el Sistema Nacional de Salud, qué calidad queremos garantizar para esas prestaciones y quiénes tienen derecho a ellas.

En definitiva, desde la FeSP-UGT exigimos un cambio de orientación de la política sanitaria para mantener y reforzar el espíritu original de la Ley General de Sanidad en la configuración del Estado Social que demanda y precisa la ciudadanía. Proteger nuestra salud, la de nuestros hijos, familiares y amigos   nos hace más felices y más iguales.

Enseñanza

La crisis económica, además de provocar recortes en los servicios públicos, también ha afectado a las condiciones laborales de sectores como la enseñanza privada. Desde FeSP-UGT creemos que se han acabado los tiempos de la moderación salarial y vamos a negociar incrementos salariales que permitan recuperar poder adquisitivo. Por ejemplo, recientemente hemos firmado el Convenio Colectivo de la Enseñanza no Reglada con un incremento del 2% para 2017 y un incremento acumulado por la retroactividad, del 4%

En cualquier caso, UGT negociará los convenios en este ámbito siguiendo los criterios establecidos por la Comisión Ejecutiva Confederal en los acuerdos interconfederales, si es que hay acuerdos.

Aspectos concretos sobre cómo se van a articular los procesos selectivos que deben celebrarse para la reducción de la temporalidad en el empleo público, si será común para todas las Administraciones o se negociará en cada ámbito sectorial también han obtenido respuesta.

Desde UGT creemos que en el proceso se deben respetar los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad y que deben negociarse en los distintos ámbitos sectoriales atendiendo a la situación específica de cada uno de los colectivos afectados por el acuerdo. De hecho, ya hemos reclamado una reunión de la Mesa Sectorial del Personal Docente de niveles no universitarios, para empezar a negociar el desarrollo del acuerdo en el ámbito de la Enseñanza.

Sector Postal

Ante la pregunta del futuro del servicio público postal y de Correos, el dirigente sindical ha señalado que se encuentra en un momento crucial.  Debe superar la caída de ingresos que está produciéndose drásticamente en estos últimos años debido al descenso de la actividad postal tradicional (la carta). Por ello UGT cree que Correos necesita ganar cuota de mercado en sectores en crecimiento imparable como son el comercio electrónico y la entrega de paquetería, con el fin de mantener e incluso aumentar su nivel de ingresos y con ello garantizar el empleo de sus trabajadores y la calidad del Servicio Postal Universal.

Para ello, UGT ha demandado la aprobación del Plan de Prestación del Servicio Universal, donde debe clarificarse el pago a Correos del coste de prestar el servicio universal y sus normas de actuación en cuanto empresa pública, así como  la elaboración  de un auténtico Plan Estratégico que permita a Correos potenciar la red física postal (red de oficinas y servicio rural) y situarse en los sectores con mayor futuro de la actividad postal, desarrollando medidas de innovación y diversificación en paquetería, servicios financieros y servicios de proximidad.

Por todo ello y a tal objetivo  UGT ha impulsado desde 2011 tres iniciativas legislativas –Proposiciones No de Ley- presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista incorporando estas demandas. La última, el  pasado 6 de abril.

La privatización de los servicios públicos -un ejemplo serían los Registros Civiles en el ámbito de la Administración de Justicia- es algo que preocupa a los trabajadores que han preguntado por las estrategias del sindicato en esta cuestión. Julio Lacuerda ha manifestado que  FeSP-UGT apuesta por un Registro Civil público, gratuito y de proximidad. De ahí que desde hace más de tres años se está luchando porque esto sea una realidad e impedir la privatización de otro servicio público.

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