Salud, Sociosanitario y Dependencia

#Health4All: FeSP-UGT se suma a la campaña en defensa de la salud pública para tod@s

 

La Federación de empleadas y empleados de los servicios públicos de UGT se ha hecho eco de la campaña internacional en defensa de la salud pública para todos.  Durante la jornada del 7 de abril, Día Mundial de la salud, reivindicaremos en actos públicos que la salud no está en venta, es un bien común que hay que defender que las multinacionales que relegan los derechos elementales de las personas en aras de su beneficio económico. 

ISP y sus afiliadas llevarán a cabo acciones en todo el mundo para influir de forma concreta en la formulación y la aplicación de políticas para conseguir una cobertura sanitaria universal pública en los ámbitos internacional, regional, nacional y local:

  • Salud pública para tod@s: El derecho humano a la salud se centra en las comunidades y solo puede conseguirse a través de sistemas sanitarios públicos universales que garanticen la calidad y la integralidad de la atención. Garantizar el derecho humano a la salud exige que los Estados asuman la responsabilidad de proporcionar servicios de atención sanitaria. Aunque reconocemos la presencia de proveedores privados en el sector, conviene hacer hincapié en que la prestación de atención sanitaria es una función pública, independientemente de la naturaleza del proveedor, lo que exige la aplicación de normas igualitarias en lo relativo a las condiciones para los pacientes y los trabajadores y también en cuanto al acceso y la calidad para los proveedores tanto públicos como privados. Por lo tanto, la ISP hará campaña a favor de una gobernanza más sólida, mejores prácticas y modelos que aprovechan el potencial pleno de prestar servicios sanitarios bajo la responsabilidad principal de los gobiernos nacionales, regionales y locales;
  • Mi salud no está a la venta: como derecho humano, la salud no es un producto. Se estima que, globalmente, el valor de los servicios de atención sanitaria y social asciende a 5,8 billones de dólares estadounidenses al año. La privatización y la comercialización, incluidas las APP y la externalización, son la expresión del interés de las grandes empresas en maximizar los beneficios de lo que, de lo contrario, sería una inversión en un futuro mejor para todos. El hecho de que los sistemas privados de atención sanitaria son normalmente más caros y menos accesibles que los públicos contradicen la afirmación de que todas estas formas de privatización estimularán la competencia y mejorarán la calidad y la eficacia de la atención sanitaria.

A la ISP le preocupa particularmente la expansión de las grandes empresas dirigida por las empresas multinacionales de atención sanitaria, de productos farmacéuticos y de seguros mediante diversas estrategias de comercialización para proponer una prestación de servicios privados. Esto está teniendo un impacto devastador en el acceso universal a la atención sanitaria de calidad para los pacientes, las condiciones de trabajo del personal sanitario y la sostenibilidad financiera de los sistemas de salud. El aumento conexo de la liberalización y el comercio de servicios socava los servicios de salud pública.

UGT lamenta la actuación irresponsable de CCOO, UTF y FETRAFA en el Convenio de Farmacias

El XXV Convenio Colectivo para Oficinas de Farmacia, firmado el pasado 19 de enero del presente año por UGT y las Patronales FEFE y FENOFAR, en principio, no será publicado en el BOE ya que la Dirección General de Trabajo ha decidido enviarlo de oficio a la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional porque considera que la Constitución de la Mesa Negociadora no se llevó a cabo de acuerdo a lo estipulado en el Articulo 88.2 del Estatuto de los Trabajadores.

Esto significa que el Convenio llega de nuevo a la Sala de la Audiencia Nacional, que ya se pronunció sobre el mismo asunto y sobre el que dictó una Sentencia absolutamente contundente en relación con la constitución de la Mesa Negociadora por UGT, FEFE y FENOFAR, en la que afirmó que “CCOO, UTF y FETRAFA se autoexcluyeron de dicha Mesa Negociadora, voluntariamente, ya que todos ellos habían sido convocados en tiempo y forma para asistir a dicha constitución”; de la misma forma, los sindicatos mencionados “habían actuado, conscientemente, de una forma obstruccionista y ajenos a la más elemental regla de la buena fe negocial, haciendo dejación de sus derechos y responsabilidades como sindicatos representativos  en el Sector de Oficinas de Farmacia”.

Para resumir los hechos que se están produciendo en relación con el XXV Convenio Colectivo para Oficinas de Farmacia (que afecta a 70.000 trabajadoras y trabajadores) y en el que, entre otros asuntos, se logró un incremento salarial del 2% para este año 2017 con el que se lograba una ganancia de poder adquisitivo de 0,4 puntos, es que dicho incremento salarial, en principio, quede en suspenso debido a la injerencia de CCOO, UTF y FETRAFA que, eludiendo sus responsabilidades sindicales y rememorando lo sucedido en el XXIV Convenio Colectivo durante tres años, pretenden SECUESTRAR LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA, dejando a las trabajadoras y trabajadores sin un Convenio estable, en contraposición con la responsabilidad demostrada por UGT que siempre antepondrá los intereses de las trabajadoras y trabajadores de oficinas de farmacia a otros intereses, que únicamente pueden beneficiar a los empresarios de este sector.

Abundando en todo lo anterior y, al margen de lo contemplado en la Sentencia de la AN sobre la legitimidad de la Mesa Negociadora, por la dejación de su responsabilidad de CCOO, UTF y FETRAFA, así como la demostrada mala fe en sus actuaciones, esta OO. SS. considera que ostenta la legitimidad plena al entender que, ante el “ocultismo de su representatividad” por parte de los sindicatos mencionados, entre ellos CCOO, la representatividad de UGT es del 100%.

Los Delegados y Delegadas  de personal de dichos sindicatos serán los que deberán exigirles las cuentas de su actuación, que les dejó sin que se pudiera escuchar su voz, pero nunca deberán ser los 70.000 trabajadores y trabajadoras del Sector los que se vean abocados a verse, hasta no se sabe cuándo, exentos de la seguridad jurídica que da un convenio estatutario, negociado dentro de los parámetros de la obligación de negociar y la buena fe en dicha negociación, y cuyo resultado, en todos sus aspectos, mejora lo recogido en el XXIV convenio colectivo del sector, cumpliendo escrupulosamente con el mandato del laudo arbitral que fue dicho convenio, en cuanto a los tiempos razonables para no dejar al albur de los empresarios las condiciones laborales de todo el personal de Oficinas de Farmacia (como había sucedido durante tres años en el convenio anterior, con los mismos actores de por medio).

Dicho todo lo cual, no debemos olvidar que la actuación irresponsable y con evidentes dosis de mala fe, no solamente afecta al sector de oficinas de farmacia y sus trabajadoras y trabajadores, si no que el resultado de la repercusión en todo el mapa de la negociación colectiva de España podría ser el hecho de que la misma se viera  impregnada de dichas actuaciones en otros sectores de producción, convalidando la irresponsabilidad y la mala fe en la negociación colectiva, hecho este que no se puede permitir uno de los instrumentos que modula a la sociedad española como son las relaciones entre  empresarios y trabajadores.

Quien infringe las normas que nos hemos dado no puede salir beneficiado de un  conflicto originado por él mismo, como sucede con CCOO, UTF y FETRAFA: no acudieron a la Constitución de la Mesa Negociadora del XXV Convenio Colectivo para Oficinas de Farmacia aun habiendo sido convocados en tiempo y forma.

 

"Quieren un trabajador multifunción para abaratar los costes"

UGT ha alertado de que la negociación del convenio colectivo nacional de trabajadores de la dependencia lleva bloqueada dos años, y los empleados están con el sueldo congelado desde 2013. El sindicato ha achacado este atasco a la propuesta de la patronal de que las gerocultoras asuman tareas de limpieza, una condición que considera "inadmisible".

"Quieren un trabajador multifunción para abaratar los costes, con la pérdida de trabajo que ello supone, puesto que no se contrataría personal de limpieza", ha explicado la secretaria federal de Salud, Sociosanitario y Dependencia de la Federación de Servicios Públicos (FeSP) de UGT, Gracia Álvarez, quien ha opinado que las gerocultoras tampoco pueden asumir la "sobrecarga de trabajo" que esta nueva competencia supondría.

Álvarez ha hecho hincapié en la situación de bloqueo por la que atraviesa el citado convenio colectivo. Así, ha llevado las reivindicaciones de estos empleados a una asamblea organizada con motivo la campaña 'Empleo y salarios dignos' que el sindicato impulsa en el conjunto del Estado.

La secretaria federal de FeSP UGT ha insistido en que el "principal escollo" para el avance de la negociación es el "intento" de "precarización" de las condiciones laborales de unas empleadas que tienen los sueldos congelados desde 2013, lo que supone un incumplimiento de convenio. Ha precisado que esta situación afecta a 180.000 personas en toda España.

Mientras las negociaciones se atascan en si las gerocultoras asumen o no tareas de limpieza, UGT ha asegurado que estas empleadas ya se están enfrentando a grandes cargas de trabajo: "Como media tienen que levantar en las residencias de mayores entre seis y siete residentes en una hora, lo que supone tener que asear y vestir entre a personas que son dependientes en ocho o diez minutos, muchos de ellos van en silla de ruedas o tienen movilidad reducida".

Ha agregado que las consecuencias de esta situación también las sufren las personas dependientes que son atendidas. Ha apuntado que, de media, cada cien residentes hay 30 trabajadores en residencias mixtas --con camas concertadas por administraciones públicas--, incluyendo además de gerocultoras a personal de limpieza, mantenimiento y recepción.

ARAGÓN

UGT ha recordado que, en Aragón, el 90 por ciento de las residencias tienen plazas concertadas con la administración pública, por ello, ha pedido que el Gobierno autonómico medie en este conflicto laboral. Angélica Mazo ha mantenido este jueves un encuentro con el director gerente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS), Joaquín Santos, para trasladarle esta situación.

Aunque Santos ha mostrado "muy buena disposición" en la reunión, la secretaria del Sector Servicios Sociales FSP UGT-Aragón ha advertido de que además de un "compromiso" piden "hechos". En concreto, han reclamado cambiar el decreto 111/1992, de 26 de mayo, por el que el Gobierno aragonés regula las condiciones mínimas que han de reunir los servicios y establecimientos sociales especializados, para aumentar los ratios de gerocultores por número de residentes. Asimismo, ha solicitado modificar la normativa de inspecciones en estos centros.

El sindicato propone que en las residencias de mayores se incluyan ratios por categorías laborales diferenciadas cada cien residentes, tales como 40 gerocultores y auxiliares, cinco enfermeros, dos médicos, dos trabajadores sociales, dos fisioterapeutas, dos terapeutas y 15 empleadas de limpieza y lavandería. Con personal a tiempo completo y sustituyendo descansos semanales, permisos y vacaciones, algo que aseguran que no está ocurriendo.

Para centros de día o unidades de estancias diurnas, la propuesta del sindicatos pasa por un director, 30 gerocultores, dos médicos, cinco enfermeros, dos trabajadores sociales, dos fisioterapeutas, dos terapeutas ocupacionales y 15 profesionales de limpieza y lavandería, con personal a tiempo completo y sustituyendo descansos semanales, permisos y vacaciones.

En este punto, Mazo también ha puesto el acento en la situación de los trabajadores de teleasistencia. Ha alertado de que se están produciendo adjudicaciones a diferentes empresas que suponen la subrogación parcial de trabajadores por porcentaje de jornada, por lo que en algunas ocasionas acaban empleados en dos empresas ubicadas en distintas ciudades con jornadas.

16 MESES DE MOVILIZACIONES

UGT-Aragón lleva 16 meses de movilizaciones en contra de la precariedad laboral en el ámbito de la dependencia. En este contexto, el sindicato presentó 7.000 firmas reclamando una nueva normativa en Aragón que regule las ratios de personal en residencias y centros de día. Esta iniciativa la presentaron a la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno autonómico, María Victoria Broto. "Pero todavía no nos han dado solución", ha lamentado Angélica Mazo.

Ante esta situación, en junio de 2016 iniciaron concentraciones, una cada mes en la puerta de la sede del Gobierno de Aragón, exigiendo un cambio de normativa que regule los citados ratios. El sindicato tiene intención de continuar con las protestas, además, mantendrá un encuentro con el Justicia de Aragón, Fernando García Vicente, para trasladarle sus reivindicaciones.

En Castilla y León el problema también es acuciante

Acordadas las tablas salariales en el convenio estatal de la dependencia (residencias, sad, teleasistencia)

El Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA), las Patronales y las Organizaciones Sindicales del Sector de la Dependencia (Residencias de Mayores y Centros de Día, SAD y Teleasistencia), entre las que se encuentra la FeSP-UGT, llegaron el 27 de marzo a un acuerdo para que sean registradas y pasen a su publicación en el BOE las tablas salariales del VI convenio aludido para el año 2017, producto de la aplicación de la cláusula de revisión salarial contemplada en el mismo, toda vez que este se encuentra en periodo de ultraactividad, dado que las negociaciones del VII Convenio se encuentran bloqueadas desde hace varios meses. 

En dicha reunión también fueron firmadas las tablas salariales correspondientes a los años 2015 y 2016, que no sufren ningún cambio respecto a las tablas del año 2014, pues en los años 2014 y 2015 el IPC estuvo en deflación o no hubo incremento alguno en el mismo.

Dado que el Indice de Precios al Consumo (IPC) del año 2016 fue del 1,6%, este es el incremento que corresponde aplicar en las tablas salariales para el año 2017, y así se ha llevado a cabo no sin dificultades para ello, motivo por el que nos hemos visto abocados a resolver en la sede del SIMA. Decir, también, que dicho incremento las empresas deberán aplicarlo con carácter retroactivo al 1 de enero de 2017.

Recalcar que, como viene siendo habitual en este sector, las iniciativas de la Federación de Empleadas y Empleados de los Servicios Públicos de UGT (FeSP-UGT) han sido claves en la resolución de lo que empezaba a convertirse en un conflicto, con el consiguiente perjuicio para las trabajadoras y trabajadores del sector de la Dependencia.      

Convenios

Pinchando el link correspondiente, puedes consultar aquí algunos de los Convenios del sector:

VI Convenio Marco Estatal de Dependencia

XXIV Convenio de Oficinas de Farmacia

Convenio naturópatas

Tablas salariales naturópatas 2016

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