Salud, Sociosanitario y Dependencia

UGT mantiene como prioridad avanzar en la OPE y recuperar derechos para los trabajadores del Sistema Nacional de Salud

Durante la reunión del Ámbito de Negociación que ha tenido lugar este miércoles se ha fijado un calendario que contempla la publicación de la Oferta Pública de Empleo (OPE) antes de finalizar el 2017. A lo largo de 2018 se acordará un temario y un baremo común. El Ministerio ha asegurado que es una prioridad buscar la máxima coordinación no solo en las fechas de realización de los exámenes sino en todos aquellos aspectos del proceso de estabilización que sea posible.

Durante la reunión el ministerio ha comunicado que se ha decidido retirar la comunicación previa a los temporales cuando su plaza esté entre las que se ofertan en el proceso de estabilización del empleo. Se retira también el derecho a la indemnización de los interinos que sean cesados por esta convocatoria.

La prueba selectiva para las seis categorías consensuadas según tamaño: Enfermería, TCAE, auxiliar administrativo, celador, fisio y matrona, tendrá lugar durante el 1º semestre del 2019. En cuanto a los traslados, habrá concurso previo a la OPE de estabilización. Hay un proyecto para la regulación de un proceso abierto y permanente.

Otro punto del orden del día era el Decreto de prescipción enfermera. UGT sigue defendiendo que las enfermeras tienen capacidad de prescripción en todos aquellos diagnósticos propios de la profesión. El Ámbito de Negociación es el marco adecuado para debatir sobre esta cuestión, ya que dicho decreto repercute de modo significativo en las condiciones laborales de los profesionales enfermeros. La modificación del Real Decreto de prescripción irá marcada por los protocolos y no será necesaria la acreditación extraordinaria a Diplomados y Graduados.

En relación a las categorías y dotación de plazas de enfermeros especialistas, se prevé que la prueba de competencias de la especialidad de Enfemería familiar y comunitaria sea a finales del 2018.

Como todas las comunidades autónomas tienen creada la categoría de Enfermera Especialista salvo Asturias, se formará un grupo de trabajo para desarrollar todos aquellos aspectos relacionados con el tema de las especialidades.

En Ceuta y Melilla será el Ministerio quien se encargará de la acreditación de la formacion continua.

UGT mantiene entre sus prioridades la recuperacón de los derechos que los trabjadores han perdido en los años de la crisis, entre ellos, una significativa recuperación salarial y en materia de jornada se vuelva a la redacción original del Estatuto Básico del Empleado Público, que permite negociar en mesa sectorial las 35 horas en cada Comunidad Autónoma u organismo.

UGT gana una sentencia en materia de dependencia en Castilla y León

Según sentencia ganada por UGT  en el Juzgado de lo Social de Palencia, la Administración no puede alegar “Necesidades de Servicio” para cambiar los calendarios laborales cuando existan: bajas laborales de larga duración (sin cubrir), vacaciones programadas con antelación o puestos vacantes. Las necesidades de servicio no son válidas si no hay una justificación por escrito que detalle y concrete las razones y motivos que las fundamentan.

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UGT y CCOO suscriben el Pacto por un sistema Nacional de Salud público y universal

UGT y CCOO han firmado en el Congreso de los Diputados, el "Pacto Político y Social por un Sistema Nacional de Salud Público y Universal". Dicho Pacto supone un nuevo impulso a la lucha en defensa de la sanidad pública sobre la base de la calidad, la equidad, la solidaridad y la accesibilidad. Ambos sindicatos vienen reclamando desde 2012 la retirada del Real Decreto Ley que afecta también al aseguramiento, la cartera de servicios, los recursos humanos y los presupuestos sanitarios.

CCOO y UGT suscriben el Pacto Político y Social por un Sistema Nacional de Salud Público y Universal presentado en el día de hoy en el Congreso de los Diputados. El documento recoge dos de las reivindicaciones centrales de ambas organizaciones sindicales en materia sanitaria: la defensa del acceso universal a la salud y la suficiencia presupuestaria del SNS.

1. La defensa del acceso universal a la salud, para UGT y CCOO, se enmarca en una estrategia de mayor alcance:

  • La derogación del Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones, de su desarrollo reglamentario y de la normativa relacionada con el espíritu de esta reforma. Como primera medida deberá garantizarse la restitución del derecho universal a la protección de la salud y a la asistencia sanitaria, en condiciones de equidad, a todas las personas que viven en España.

  • La evaluación de los efectos en la salud y el incremento de desigualdades ocasionados por el Real Decreto-ley 16/2012 y las políticas de las CCAA, en especial, las restricciones presupuestarias, la colaboración público-privada y los modelos de gestión y organización. 

2. De igual forma, para CCOO y UGT, la suficiencia presupuestaria del SNS se logrará con:

  • El establecimiento de un modelo de financiación sanitaria que garantice la suficiencia de los recursos y sirva para atender los servicios de asistencia sanitaria en el conjunto del SNS y en cada una de las CCAA, además de asegurar la equidad y recuperar los recursos económicos perdidos a lo largo de la crisis.

  • La recuperación del Fondo de Cohesión en relación con sus fines de cohesión sanitaria, equidad, solidaridad y corrección de desigualdades, y dotarlo del presupuesto adecuado para ello.

Para CCOO y UGT son fundamentales, además, la recuperación del empleo destruido y la creación de nuevos puestos de trabajo en función de las necesidades actuales, incrementando, entre otras, las plazas de personal de formación sanitaria especializada.

Desde 2012, UGT y CCOO han venido exigiendo la retirada del Real Decreto-ley 16/2012, que también afecta al aseguramiento, la Cartera de Servicios, los recursos humanos y los presupuestos sanitarios, mediante distintas iniciativas, entre ellas, la firma, en diciembre de 2015, del Manifiesto "En defensa de la sanidad pública: por la derogación de la reforma sanitaria,la mejora de la financiación y la recuperación del empleo", suscrito por UGT, CCOO, FADSP, FAECAP y FAISS.

Las centrales sindicales valoran este Pacto como un nuevo impulso a la lucha en defensa de la sanidad pública sobre la base de la calidad, la equidad, la solidaridad y la accesibilidad.

"La negociación de la OPE va más lenta de lo que a los sindicatos nos gustaría"

Con motivo de la reunión, el 11 de octubre, entre el Ministerio de Sanidad y el Ámbito de Negociación, con la gran Oferta Pública de Empleo (OPE) como protagonista, Acta Sanitaria ha conversado con la secretaria de Salud, Servicios Sociosanitarios y Dependencia de la Federación de Empleadas y Empleados de los Servicios Públicos del sindicato Unión General de Trabajadores (FeSP-UGT), Gracia Álvarez, que considera que la negociación de cara al acuerdo en esta materia “va más lenta” de lo esperado. “La recuperación del poder adquisitivo perdido durante la crisis es una reivindicación a la que no vamos a renunciar”, advierte, por otra parte, Gracia Álvarez.

Acta Sanitaria (AS).- ¿Es la lucha contra la precariedad laboral en el sector sanitario una prioridad para el Gobierno?

Gracia Álvarez (GA).- Me gustaría empezar señalando que el problema de la precariedad en el empleo es una prioridad para UGT. Aunque los sindicatos veníamos denunciando esta situación, el Gobierno no se planteó la posibilidad de dar una respuesta al problema hasta que, el 14 de septiembre del año pasado, el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea (TSJUE) dictó sentencias relacionadas con ésta cuestión. Entonces entra la precariedad en la agenda del Gobierno. Y es a partir de la firma del acuerdo Gobierno-sindicatos para la mejora del empleo público del 29 de marzo de 2017, cuando se propone una reducción de la temporalidad hasta el 8 por ciento en el ámbito de Sanidad, cifra que se podría considerar necesaria para el funcionamiento de un servicio como el sanitario, 365 días al año y 24 horas al día.

AS.- ¿La temporalidad en el empleo está directamente relacionada con la limitación de las tasas de reposición?

GA.- Claramente. Las comunidades autónomas necesitaban cubrir unas plazas para prestar asistencia sanitaria y no podían dotar una plaza de forma regular, por las tasas de reposición, así que las cubrieron abusando de los puntos del art. 9 del Estatuto Marco que les permitía realizar contratos temporales. Ese es el origen del problema por el cual ahora nos encontramos con un volumen de interinos desproporcionado, una media de entre el 30 y el 40 por ciento, y en algunas comunidades autónomas, como Canarias, el propio consejero reconoce un 59 por ciento de interinidad.

AS.- Entonces, ¿se debe eliminar la tasa de reposición?

GA.- UGT defiende que se elimine la tasa de reposición, lo que el Gobierno ha hecho hasta ahora es dejarla en un 100 por cien. Si la mantiene, no va a permitir recuperar todo el empleo que se ha perdido y tampoco permitirá adecuar el sistema sanitario a las necesidades de una población cada vez más envejecida.

El proceso de estabilización del empleo tiene el objetivo de que afloren todas aquellas plazas que están ocupadas por trabajadores temporales y que están dando respuesta a necesidades estructurales de plantilla. El proceso para conseguir esto es lo que estamos negociando Ministerio, comunidades autónomas y sindicatos. La negociación se está llevando a cabo en estos momentos, pero va más lenta de lo que a los sindicatos nos gustaría.

AS.- ¿Cómo de lento está siendo el proceso?

GA.- Con posterioridad a las sentencias dictadas por el TSJUE, en septiembre del 2016, se constituyeron dos grupos de trabajo: uno entre Ministerio de Sanidad y los sindicatos, y otro entre las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad. Ambos trabajaron de forma paralela y hubo una puesta en común en el Ámbito de Negociación donde se manifestaron diferencias. A finales de julio había acuerdo para que se empezara la convocatoria por las categorías más numerosas y parecía que había acuerdo para realizar el examen de éstas categorías el mismo día en todas las comunidades autónomas. A día de hoy, aún no se ha materializado el acuerdo en cuanto a la fecha de los exámenes, aunque estamos convocados con el Ministerio de Sanidad para el 11 de octubre.

A día de hoy, el calendario pasa por la publicación de la Oferta Pública de Empleo (OPE) antes de finalizar el 2017 y, a lo largo del 2018, acordar un temario y un baremo común. En relación con este último, existe un anteproyecto de Real Decreto de homogeneización de baremo que está pendiente de ser aprobado. Sobre éste anteproyecto había un acuerdo a finales del 2015, pero es posible que ahora sea preciso realizar algún cambio. La realización de los exámenes quedaría para el 2019. El calendario que se prevé es más prolongado de lo que UGT quiere. El Ministerio de Sanidad insiste en que no se puede hacer más rápido.

AS.- ¿Qué falta para que se concrete todo el proceso?

GA.- Resumiendo, hasta donde sabemos, faltan algunas comunidades autónomas por comunicar el número de plazas que quieren sacar a concurso, falta concretar la fecha del examen común para cada una de las categorías más numerosas. Por un lado, el Ministerio habla con nosotros y, por otro, con las comunidades autónomas y, después, cada autonomía habla con los sindicatos en las Mesas Sectoriales. Así que las negociaciones están siendo complicadas, de entrada no está siendo sencillo poner de acuerdo a las comunidades autónomas en cómo llevar adelante este proceso. El principal interés de UGT es que afloren esas plazas, que se conviertan en plazas estructurales y que se adjudiquen de forma definitiva con arreglo a los criterios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad.

AS.- ¿Qué hay del concurso de traslados?

GA.- En cuanto al tema de los traslados, entendemos que las plazas vacantes se deben ofertar primero a los traslados y después a los nuevos ingresos. Habitualmente, la mayoría de las comunidades autónomas vienen haciendo este proceso de forma adecuada, salvo algunas comunidades como Madrid, que han legislado que los traslados no se harán de forma previa a las OPE y no han convocado traslados (a pesar de que el Estatuto Marco señala que se convocaran preferentemente cada dos años) para algunas categorías desde hace 14 años. En Castilla y León hay una sentencia que les obliga a convocar traslados, porque también llevaban mucho tiempo sin convocarlos.

Respecto al tema de traslados hay que señalar que para concursar en OPE es imprescindible no estar en posesión de plaza de la misma categoría en otra comunidad, esto impide la movilidad a los profesionales que tienen la plaza en alguna comunidad autónoma, puesto que la única posibilidad pasa por el concurso de traslados. En relación con los traslados está sobre la mesa de negociación el establecimiento de un concurso abierto y permanente a nivel nacional, pero la negociación sigue siendo demasiado lenta, especialmente para aquellos que llevan más de 10 años esperando el traslado.

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UGT lamenta la muerte de la trabajadora de ayuda a domicilio en Cúllar y pide más prevención de riesgos en el sector de la Dependencia

El 18 de agosto falleció una trabajadora auxiliar de ayuda a domicilio en Cúllar (Granada) al caer en un el pozo de un sótano de la casa donde prestaba servicio. Este lamentable hecho pone sobre la mesa la importancia de la prevención de los riesgos laborales. Recordamos que 300 personas han muerto en accidentes laborales en el primer sementre del año

Dentro del sector de la dependencia hay un importante colectivo de trabajadoras, la práctica totalidad son mujeres, que presta servicio en domicilios. Este hecho resulta especialmente relevante porque dada la legislación, que determina la inviolabilidad de los domicilios particulares, las trabajadoras se encuentran en una situación de desprotección total en su centro de trabajo. No se realiza una evaluación de los riesgos laborales en los puestos trabajo dado que estos están en domicilios particulares. Se precisa una autorización del usuario y además son muy numerosos. Ninguno de estos factores debe ser un obstáculo para que se realice la evaluación de riesgos laborales necesaria.

Desde UGT exigimos que estas trabajadoras estén en igualdad de condiciones, respecto al resto de trabajadoras y trabajadores, en cuanto a la evaluación de riesgos laborales en sus centros de trabajo, la protección de los derechos de las personas se ha de conciliar de manera que se respeten los derechos de todas las personas en el mayor grado posible.

Además exigimos formación en prevención de riesgos laborales para las trabajadoras y una mayor implicación tanto de las empresas como de las Administraciones Públicas dadas la dificultad añadida que supone realizar el trabajo en domicilios particulares.

La situación en cuanto a los riesgos laborales agrava aún más las condiciones de trabajo que tiene este colectivo de trabajadoras: un elevado nivel de precariedad y de trabajo a tiempo parcial que no es voluntariamente elegido, unido todo ello a unos salarios muy bajos.

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