UGT exige a la Junta que los pliegos del sector de la dependencia valoren más la calidad que el precio que ofertan las empresas

El sindicato advierte que las bajas temerarias de algunas compañías al prestar la ayuda a domicilio repercuten en la prestación de los servicios y las condiciones laborales de los trabajadores

La Unión General de Trabajadores (UGT) aprovechó hoy una reunión con el gerente regional de Servicios Sociales, Carlos Raúl de Pablos, para exigir a la Junta de Castilla y León que los pliegos de condiciones de las licitaciones públicas del sector de la dependencia incluyan una modificación de la tabla de puntuación. El objetivo del sindicato es que el proyecto técnico y de calidad suponga el 60 por ciento y el criterio económico sea el 40 por ciento restante. No en vano, la secretaria regional de la Federación de Servicios Públicos (FSP) de UGT, Carmen Ámez, advirtió que las administraciones adjudican servicios a empresas poco solventes, valorando más el precio que la garantía de calidad en la prestación del servicio.

El sindicato denuncia que existen importantes diferencias en los pliegos de las licitaciones en el ámbito de la ayuda a domicilio, con bajas temerarias que repercuten en la prestación de los servicios y en las condiciones laborales de las trabajadoras. «Se recorta en los salarios», advierten. En este sentido, Carmen Ámez, secretaria regional de la Federación de Servicios Públicos de UGT, explicaba que los salarios están entre los 700 y 900 euros en el caso de los trabajadores en residencias que tienen jornada completa, y que se reducen a en torno a 350 euros en los de ayuda a domicilio, que suelen ser a tiempo parcial.

También denuncia que hay prestaciones de ayuda a domicilio que duran quince minutos en algunos casos, y como mucho tres horas, y que se paga a los trabajadores seis euros a la hora. «La Junta tiene que actuar de inspector para que la atención que paga a las empresa sea de calidad tanto para el usuario como para el empleado», señalaba la dirigente sindical, para quien se tiene que llevar a cabo la «extinción inmediata» de la concesión por incumplimiento e incluso excluir de la licitación a aquellas empresas que hayan comunicado descuelges.

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