"La negociación de la OPE va más lenta de lo que a los sindicatos nos gustaría"

Con motivo de la reunión, el 11 de octubre, entre el Ministerio de Sanidad y el Ámbito de Negociación, con la gran Oferta Pública de Empleo (OPE) como protagonista, Acta Sanitaria ha conversado con la secretaria de Salud, Servicios Sociosanitarios y Dependencia de la Federación de Empleadas y Empleados de los Servicios Públicos del sindicato Unión General de Trabajadores (FeSP-UGT), Gracia Álvarez, que considera que la negociación de cara al acuerdo en esta materia “va más lenta” de lo esperado. “La recuperación del poder adquisitivo perdido durante la crisis es una reivindicación a la que no vamos a renunciar”, advierte, por otra parte, Gracia Álvarez.

Acta Sanitaria (AS).- ¿Es la lucha contra la precariedad laboral en el sector sanitario una prioridad para el Gobierno?

Gracia Álvarez (GA).- Me gustaría empezar señalando que el problema de la precariedad en el empleo es una prioridad para UGT. Aunque los sindicatos veníamos denunciando esta situación, el Gobierno no se planteó la posibilidad de dar una respuesta al problema hasta que, el 14 de septiembre del año pasado, el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea (TSJUE) dictó sentencias relacionadas con ésta cuestión. Entonces entra la precariedad en la agenda del Gobierno. Y es a partir de la firma del acuerdo Gobierno-sindicatos para la mejora del empleo público del 29 de marzo de 2017, cuando se propone una reducción de la temporalidad hasta el 8 por ciento en el ámbito de Sanidad, cifra que se podría considerar necesaria para el funcionamiento de un servicio como el sanitario, 365 días al año y 24 horas al día.

AS.- ¿La temporalidad en el empleo está directamente relacionada con la limitación de las tasas de reposición?

GA.- Claramente. Las comunidades autónomas necesitaban cubrir unas plazas para prestar asistencia sanitaria y no podían dotar una plaza de forma regular, por las tasas de reposición, así que las cubrieron abusando de los puntos del art. 9 del Estatuto Marco que les permitía realizar contratos temporales. Ese es el origen del problema por el cual ahora nos encontramos con un volumen de interinos desproporcionado, una media de entre el 30 y el 40 por ciento, y en algunas comunidades autónomas, como Canarias, el propio consejero reconoce un 59 por ciento de interinidad.

AS.- Entonces, ¿se debe eliminar la tasa de reposición?

GA.- UGT defiende que se elimine la tasa de reposición, lo que el Gobierno ha hecho hasta ahora es dejarla en un 100 por cien. Si la mantiene, no va a permitir recuperar todo el empleo que se ha perdido y tampoco permitirá adecuar el sistema sanitario a las necesidades de una población cada vez más envejecida.

El proceso de estabilización del empleo tiene el objetivo de que afloren todas aquellas plazas que están ocupadas por trabajadores temporales y que están dando respuesta a necesidades estructurales de plantilla. El proceso para conseguir esto es lo que estamos negociando Ministerio, comunidades autónomas y sindicatos. La negociación se está llevando a cabo en estos momentos, pero va más lenta de lo que a los sindicatos nos gustaría.

AS.- ¿Cómo de lento está siendo el proceso?

GA.- Con posterioridad a las sentencias dictadas por el TSJUE, en septiembre del 2016, se constituyeron dos grupos de trabajo: uno entre Ministerio de Sanidad y los sindicatos, y otro entre las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad. Ambos trabajaron de forma paralela y hubo una puesta en común en el Ámbito de Negociación donde se manifestaron diferencias. A finales de julio había acuerdo para que se empezara la convocatoria por las categorías más numerosas y parecía que había acuerdo para realizar el examen de éstas categorías el mismo día en todas las comunidades autónomas. A día de hoy, aún no se ha materializado el acuerdo en cuanto a la fecha de los exámenes, aunque estamos convocados con el Ministerio de Sanidad para el 11 de octubre.

A día de hoy, el calendario pasa por la publicación de la Oferta Pública de Empleo (OPE) antes de finalizar el 2017 y, a lo largo del 2018, acordar un temario y un baremo común. En relación con este último, existe un anteproyecto de Real Decreto de homogeneización de baremo que está pendiente de ser aprobado. Sobre éste anteproyecto había un acuerdo a finales del 2015, pero es posible que ahora sea preciso realizar algún cambio. La realización de los exámenes quedaría para el 2019. El calendario que se prevé es más prolongado de lo que UGT quiere. El Ministerio de Sanidad insiste en que no se puede hacer más rápido.

AS.- ¿Qué falta para que se concrete todo el proceso?

GA.- Resumiendo, hasta donde sabemos, faltan algunas comunidades autónomas por comunicar el número de plazas que quieren sacar a concurso, falta concretar la fecha del examen común para cada una de las categorías más numerosas. Por un lado, el Ministerio habla con nosotros y, por otro, con las comunidades autónomas y, después, cada autonomía habla con los sindicatos en las Mesas Sectoriales. Así que las negociaciones están siendo complicadas, de entrada no está siendo sencillo poner de acuerdo a las comunidades autónomas en cómo llevar adelante este proceso. El principal interés de UGT es que afloren esas plazas, que se conviertan en plazas estructurales y que se adjudiquen de forma definitiva con arreglo a los criterios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad.

AS.- ¿Qué hay del concurso de traslados?

GA.- En cuanto al tema de los traslados, entendemos que las plazas vacantes se deben ofertar primero a los traslados y después a los nuevos ingresos. Habitualmente, la mayoría de las comunidades autónomas vienen haciendo este proceso de forma adecuada, salvo algunas comunidades como Madrid, que han legislado que los traslados no se harán de forma previa a las OPE y no han convocado traslados (a pesar de que el Estatuto Marco señala que se convocaran preferentemente cada dos años) para algunas categorías desde hace 14 años. En Castilla y León hay una sentencia que les obliga a convocar traslados, porque también llevaban mucho tiempo sin convocarlos.

Respecto al tema de traslados hay que señalar que para concursar en OPE es imprescindible no estar en posesión de plaza de la misma categoría en otra comunidad, esto impide la movilidad a los profesionales que tienen la plaza en alguna comunidad autónoma, puesto que la única posibilidad pasa por el concurso de traslados. En relación con los traslados está sobre la mesa de negociación el establecimiento de un concurso abierto y permanente a nivel nacional, pero la negociación sigue siendo demasiado lenta, especialmente para aquellos que llevan más de 10 años esperando el traslado.

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