La cárcel de Burgos tendrá que evaluar los “riesgos psicosociales” ante la falta de plantilla

La cárcel de Burgos tendrá que evaluar los “riesgos psicosociales” ante la falta de plantilla
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La Junta de Personal del Centro Penitenciario de Burgos, órgano de representación de todos los funcionarios dependientes de la Administración General del Estado que desarrollan su trabajo en Burgos, ha dado a conocer la situación actual en la que se encuentra la denuncia presentada en la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Burgos por los sindicatos representantes de la plantilla de dicho centro. Han informado de que la Inspección de Trabajo ha solicitado una evaluación de los riesgos psicosociales de la falta de plantilla en la cárcel de Burgos, para adoptar las medidas necesarias.

Los trabajadores del Centro Penitenciario vienen denunciando desde hace tiempo la alarmante falta de personas que deriva en serios perjuicios para el desempeño de las funciones de los funcionarios. Por ello, las agrupaciones sindicales representante de estos trabajadores, solicitaron la intervención de la Junta de Personal de la Administración Periférica del Estado, en aras a buscar soluciones a una situación que según apuntan “está enquistada desde hace tiempo”.

El día 19 de diciembre de 2017, se acordó por unanimidad de los miembros de la Junta de Personal, la remisión de una denuncia a la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social. Dicha denuncia se presentó el día 31 de enero de 2018, y su eje central consistía en denunciar que existe una “alarmante escasez de plantilla”, lo cual deriva en “serios perjuicios para el desempeño de la labor encomendada a los funcionarios y repercutiendo dicha situación gravemente en la salud de los trabajadores”.

Una vez realizadas las diligencias por parte de dicha Inspección, la resolución ha dictaminado, en fecha de 3 de abril, que se tiene que “extender una propuesta de requerimiento al Centro Penitenciario de Burgos, a fin de que proceda a realizar una evaluación de riesgos psicosociales del centro de trabajo, adoptándose las medidas preventivas que se crean oportunas en vista de los resultados de dicha evaluación”. Así mismo, establece un plazo máximo de seis meses para el cumplimiento de esta propuesta de requerimiento.

Los funcionarios de prisiones por su parte han salido a la calle la pasada semana en Burgos para protestar por esta situación. Los trabajadores del Centro Penitenciario de Burgos han denunciado que de 110 plazas que tiene la Relación de Puestos de Trabajo del penal en el área de interior, solo hay 54 ocupadas. También han reivindicado una equiparación salarial con otras provincias, donde por el mismo puesto se llga a cobrar hasta 500 euros más.

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