Sentencia decepcionante del Tribunal General de la UE sobre los derechos a la información y consulta de los empleados públicos

Sentencia decepcionante del Tribunal General de la UE sobre los derechos a la información y consulta de los empleados públicos

Hoy 24 de octubre de 2019, el Tribunal General de la Unión Europea ha comunicado la sentencia relativa a la Federación Europea de Sindicatos de Servicios Públicos (FSESP) contra la Comisión Europea sobre el asunto relativo a los derechos a la información y consulta de los empleados públicos.

El Tribunal dictaminó que el derecho de iniciativa exclusivo de la Comisión destinado a que pueda decidir sobre convertir o no los acuerdos de los interlocutores sociales en jurídicamente vinculantes en todos los Estados miembros de la Unión Europea.

El Secretario General de la FSESP, Jan Willem Goudriaan, declara: “La sentencia supone un golpe para los 9,8 millones de empleados públicos a quienes se les niega la misma protección jurídica de la Unión Europea en relación con los derechos a la información y consulta que ostentan los trabajadores del sector privado en materia de reestructuración. La FSESP estudiará ahora la sentencia minuciosamente junto al Comité Ejecutivo antes de adoptar una decisión en torno a las próximas medidas, incluyendo una posible apelación ante el Tribunal Europeo de Justicia.

“Es un problema grave para el futuro del dialogo social a nivel de la Unión Europea. Está en juego el peso real que tienen los interlocutores sociales en la elaboración de unas normas mínimas sociales de la Unión Europea. Se cuestiona el derecho a la autonomía de los interlocutores sociales. La sentencia deja una enorme incertidumbre jurídica en torno al futuro de los acuerdos de los interlocutores sociales de la Unión Europea”, concluye el Sr.    Goudriaan. 

La sentencia determina junto a la FSESP el fracaso la Comisión Europea a seguir un procedimiento claro y transparente en el periodo previo a su decisión de rechazar la petición común de los interlocutores sociales de establecer un acuerdo jurídicamente vinculante. Pero es la Comisión, en última instancia, quien ostenta el derecho exclusivo a presentar ante el Consejo iniciativas legislativas para su aprobación y al Parlamento para su consulta.

La FSESP cuenta con poco más de dos meses para apelar el veredicto del Tribunal.

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