FeSP-UGT propone el término ‘alertador’ en la transposición española de la directiva de protección del denunciante

FeSP-UGT propone el término ‘alertador’ en la transposición española de la directiva de protección del denunciante

Desde la Federación de sindicatos europeos de los servicios públicos (FSESP) trasladó a FeSP-UGT su inquietud con respecto a la traducción al español de la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de octubre de 2019, publicada en el diario oficial el 26 de noviembre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión.

A la vista de la información transmitida, FeSP-UGT vio que debía corregirse el sentido de la traducción al castellano, ya que no era acorde con nuestra legislación vigente. Para ello, vimos fundamental realizar un informe jurídico para presentar una enmienda, ya que la terminología actual utilizada distorsionaría y socavaría su transposición en el sistema legal español.

El término "denunciante", tal como se define en las normas procesales españolas vigentes, conlleva una serie de formalidades que entran en conflicto con las disposiciones de dicha Directiva.

El término "denunciante" tiene una definición legal establecida en el artículo 259 del Real Decreto, de 14 de septiembre de 1882, que aprueba la Ley de Procedimiento Penal, y sus artículos definen estrechamente las obligaciones legales de un “denunciante”, que son diferentes de lo establecido en esta Directiva . "Denunciante" es un término fundamental en la legislación española. Además, puede hacer que la legislación sea ineficaz, si tenemos en cuenta que es una palabra que, desde una perspectiva social y cultural, tiene connotaciones peyorativas.

En el informe elaborado desde el Gabinete Técnico Federal de la FeSP-UGT preferimos utilizar el término "alertador", por nuestra tradición legal y porque es similar a la traducción francesa "lanceurs d'alerte”.

En ese caso, el informante solo se caracterizaría por hacer llegar al órgano competente (vehiculado por un canal de garantía interno/externo) la información que, en su personal consideración, puede poner en riesgo el interés público.

El informante en este caso quedaría bajo la protección del anonimato. Sería el órgano que recibe el “anuncio de la noticia” el que, en su caso, iniciaría el proceso sancionador y asumiría la condición de “denunciante” en el sentido estricto de nuestra ley procesal tras comprobar que se dan indicios suficientes de la comisión del “ilícito”. Y su revelación quedaría garantizada por el criterio de confidencialidad.

El informe de FeSP-UGT llegó a Bruselas en el momento adecuado y a los oídos adecuados. El nuevo ministro de Justicia español, en su primera aparición pública, ha dicho que no podemos transponer la Directiva utilizando la palabra "Denunciante", sino que debemos utilizar "Alertador".

Este no es el final de la lucha por una transposición adecuada, es la continuación de un trabajo que desde FeSP-UGT estamos empeñados en seguir haciendo.

 

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