FeSP-UGT exige al Gobierno en funciones que se oponga a la ratificación del acuerdo de libre comercio UE-Canadá

 

La Federación de empleados y empleadas de los Servicios Públicos insta al Gobierno español enfunciones a oponerse a la ratificación del Acuerdo Integral de Economía y Comercio entre la UE y Canadá (CETA) en la próxima reunión del Consejo Europeo de Comercio del 5 de Julio.

Tanto sindicatos como muchas sociedades civiles y gobiernos regionales de la Unión Europea y Canadá, han expresado preocupaciones importantes sobre el CETA por la ausencia de protección adecuada para los servicios públicos, normas laborales, toma de decisiones democráticas, etc.

Estas organizaciones están preocupadas, en primer lugar por, el tratamiento inadecuado que se da a los servicios públicos en CETA, ya que no estarán protegidos de la privatización. El enfoque de “lista negativa” tomado en el acuerdo significa que cualquier servicio que no esté explícitamente declarado como tal en la entrada en vigor del acuerdo quedará expuesto a una futura liberalización. Este peligro se acrecienta por los mecanismos de trinquete (ratchet) y punto muerto (standstill), que constituyen una amenaza para impedir que el futuro gobierno revierta a la titularidad y gestión públicas los servicios anteriormente privatizados.

 El CETA incluye también el Sistema Judicial de Inversión (ICS) que, aunque presenta mejoras con respecto al anterior sistema ISDS, todavía proporciona a los inversores extranjeros la posibilidad de acudir a tribunales especiales mediante los que poder demandar a los gobiernos por la aplicación actual o futura de aquellas políticas y regulaciones que consideren negativas para sus negocios. Esto es en parte debido a la amplia y ambigua definición en el CETA de lo que constituye la “expropiación indirecta”. Creemos que la existencia del ICS no solo se traducirá en un aumento de los costes para los gobiernos que intenten poner en marcha cambios normativos, sino que también tendrán un efecto paralizante en la política de esos gobiernos, de manera que los gobiernos tendrán menos posibilidades de introducir políticas públicas que busquen legítimos objetivos de, por ejemplo, bienestar de la ciudadanía o protección ambiental, por el temor a que se desencadenen costosos litigios a través del ICS.

El mecanismo de aplicación del ICS en CETA contrasta de manera flagrante con la falta de medidas concretas y vinculantes que permitan a trabajadores y trabajadoras a reclamar sus derechos. Las disposiciones de CETA sobre protección laboral (y derechos ambientales) son muy débiles, y no consideramos que el acuerdo contribuya a la promoción de puestos de trabajo y salarios dignos.

Por estas razones, y en nombre y representación de los 246.000 afiliados de la Federación de empleados y empleadas de los Servicios Públicos, insto a su gobierno a no ratificar el CETA.

Asimismo exigimos una evaluación completa del impacto de CETA, que se lleve a cabo en cada Estado Miembro. Finalmente, es nuestra opinión que el Consejo debería votar sobre el acuerdo por unanimidad, como está estipulado en el Artículo 207 (4.b), dado que CETA corre el riesgo de socavar las responsabilidades de los Estados Miembros en la organización y gestión de los correspondientes servicios de sanidad, enseñanza y sociales.

Esta preocupación sobre el impacto que supondría el CETA sobre el bienestar público, las normas y los derechos, viene siendo ya expresada por un creciente número de Estados Miembro, autoridades regionales, sindicatos y grupos de sociedad civil, y merece que se tenga en cuenta.

 

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