"Hemos logrado mejorar el texto del TTIP, pero todav\u00eda no estamos satisfechos"

Jesús Gallego García (Madrid, 1973) ha trabajado en el área de relaciones internacionales en empresas de tecnología, formación y comunicación y posteriormente en el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.  Afiliado a la Federación del Exterior de la Federación de Servicios Públicos de UGT, fue Secretario General de la Federación de Dinamarca hasta 2010, fecha en la que se incorporó al equipo federal de la FSP-UGT como coordinador de la política Internacional de la federación. Su actividad se ha centrado en la Federación Europea de Servicios Públicos (EPSU) y en comités de diálogo social europeos. El 42 Congreso Confederal de UGT le eligió Secretario de Política Internacional.

Pregunta: Durante el presente mandato de la FSP-UGT has estado dedicado a representar, junto con el Secretario General, a UGT en el ámbito de los servicios públicos europeos e internacionales. ¿Cuáles han sido los principales objetivos de la Federación?

Uno de nuestros objetivos ha sido situar a la FSP-UGT entre los principales actores dentro de la EPSU (Federación Europea de Servicios Públicos) y de la ISP (Internacional de Servicios Públicos). También dentro de las organizaciones sindicales que al margen de estas dos vías de interlocución son consultadas en el ámbito internacional por instituciones como la Comisión Europea, la OMS, el Banco Mundial, el FMI etc. Durante este mandato congresual hemos tratado de fortalecer relaciones bilaterales que se tenían y crear otras nuevas con organizaciones sindicales con las que también podíamos participar en esos foros. La Federación de Servicios Públicos de UGT siempre ha tenido buenas relaciones con los sindicatos italianos, con los alemanes, franceses… Por la parte europea hay dos ejes de poder importantes; los sindicatos escandinavos y los ingleses. Por la parte internacional los sindicatos norteamericanos, los japoneses y sudamericanos son también un aval importante. En resumen, estamos posicionados no solo como sindicato de trabajadores de servicios públicos sino como sindicato de clase de trabajadores públicos, y como tal participamos en campañas transversales que defienden tanto a los trabajadores como los servicios públicos.

¿Cuáles han sido las campañas más importantes en las que la Federación ha participado en esta etapa?

Ha habido tres campañas importantes: la primera la del agua, de la que el Secretario General de la FSP-UGT, Julio Lacuerda, es uno de los fundadores. Con mucho esfuerzo se promovió que España recogiera las firmas de esta iniciativa para que la Comisión llevase al Parlamento Europeo que el agua y el saneamiento son Derechos Universales. En segundo lugar, el tema de la Fiscalidad Justa. Nosotros representamos a los trabajadores de la Agencia Tributaria en España. Bajo el argumento de que todos los recortes que han sufrido los trabajadores de los servicios públicos han tenido lugar por falta de dinero, hemos hecho ver que el dinero estaba allí: contra lo que había que luchar era contra la evasión fiscal. Y el tercero ha sido el TTIP (Acuerdo Transatlántico para el Comercio y la Inversión).

El TTIP ha estado siempre bajo sospecha no solo por el secretismo que envuelve a su negociación sino por el peligro real que representa para la prestación de servicios públicos y para los derechos laborales de los trabajadores. ¿Puedes recordarnos en breves líneas en qué consiste y cuál es la postura de UGT al respecto?

El TTIP es un tratado internacional de comercio, y UGT, al igual que las grandes organizaciones de clase europeas, nunca ha estado en contra de los Tratados Internacionales de Comercio porque son un instrumento imprescindible para el crecimiento económico. Pero sí estamos contra la manera en que se ha hecho. La FSP-UGT se ha implicado mucho en el TTIP; de hecho fue la primera organización sindical en España que se adhirió a la red europea contra él. Pero hay un tema más urgente ahora: el CETA (Acuerdo Integral de Economía y Comercio), que es un acuerdo con Canadá. El TTIP es un texto que aún admite modificaciones (ya hemos hecho alguna). No estamos del todo satisfechos con las modificaciones pero desde luego suponen una mejora con respecto al texto inicial y seguimos trabajando para que se mejore. El texto del CETA sin embargo está cerrado. Seguramente se vote el próximo verano y se tiene que ratificar en el Consejo. El texto incluye temas muy perniciosos que sí hemos logrado sacar del TTIP, por ejemplo el Mecanismo de Resolución de Disputas.

¿Cómo pueden afectar estos acuerdos a los Servicios Públicos?

Por lo que respecta a los servicios públicos, EL CETA incluye un tema que tenía el TTIP y que hemos logrado eliminar: la lista negativa de servicios. Normalmente los tratados de libre comercio incluyen una lista positiva de cosas para las que vas a fomentar el comercio; sin embargo el CETA incorpora una lista negativa, es decir, tengo que incluir todo lo que no quiero que sea susceptible de mercantilización. Podemos decir “queremos que no se incluya la sanidad, la educación y el agua”; sin embargo, sabemos por otros tratados que la lista negativa es imposible de hacer, porque ellos te van a decir: “muy bien, la sanidad no se puede mercantilizar, pero la gestión sanitaria sí se puede, las camas sí se puede, el personal sanitario sí se puede, la compra de medicamentos sí se puede y las jeringuillas sí se pueden”. Y estas son las cosas que tienen repercusión. Por ejemplo, para la FSP-UGT fue muy importante sacar adelante una directiva europea de objetos cortopunzantes. El problema para aplicarla que se presenta con el CETA es, por ejemplo, que puede haber una empresa norteamericana establecida en Canadá que podrá decir que ella quiere vender sus jeringuillas de toda la vida y que hay una directiva que les impide hacerlo, por lo tanto, utilizando el Mecanismo de Resolución de Disputas, van a ir los Tribunales y van a poner una reclamación al Gobierno español por lucro cesante de equis millones de euros. En el texto se han camuflado los servicios públicos hablando de “servicios de interés general”. Hay servicios públicos que en el TTIP a nuestro juicio todavía no están salvaguardados.

¿En qué punto se encuentra en este momento?

El TTIP se está negociando de manera secreta. No están dando información o la dan de manera muy limitada, o dan tanta y tan técnica que sólo es accesible para los expertos. Aún no sabemos cuándo se vota porque el texto se está modificando. Sí es verdad que dependiendo de la presión que hagamos los sindicatos y la sociedad se pueden introducir aún modificaciones significativas.

Ambos acuerdos suponen una amenaza para los derechos laborales de los trabajadores...

Efectivamente, los derechos laborales están plenamente amenazados. Si las legislaciones nacionales no pueden salvaguardar los derechos sindicales y laborales de los trabajadores, nos enfrentamos a una amenaza muy concreta: A: Cualquier empresa va a poder denunciar a un Estado si entiende que respetando los derechos de los trabajadores sus beneficios se ven perjudicados. B: Un problema de dumping salarial: pensemos en México, donde el salario mínimo es muy inferior al español; vamos a poder usar fuerza de trabajo mexicana y productos mexicanos elaborados de una manera en la que seguramente no se respeten los mismos derechos que aquí. Hay además modelos espantosos de contratos; por ejemplo el llamado contrato de Cero Horas, en cuyo texto no figura el número de horas específicas de trabajo a desempeñar por la persona contratada. También es preocupante el tema de la movilidad laboral, utilizado aquí como argumento económico y que puede propiciar que se transporten trabajadores de un lugar a otro como si fuera ganado. El verdadero miedo es que es el arma perfecta para la reducción de derechos laborales, sindicales de los trabajadores y de la calidad de los productos, así como la liberalización de los servicios públicos

En el mes de marzo sindicatos, partidos políticos y otras organizaciones salieron a la calle para decir NO al acuerdo UE-Turquía, que vulnera la convención de Ginebra y todo tipo de Derechos Humanos. Con ese acuerdo la UE está lanzando un mensaje muy claro: No queremos a los refugiados. ¿Cuál sería por el contrario el mensaje que lanza UGT respecto de este asunto?

A la Unión Europea le interesa seguir hablando de la seguridad como argumento de ciertas decisiones que toma. Me refiero a los recientes atentados de Bruselas, que han golpeado a Europa en su mismo corazón y que UGT ha condenado enérgicamente enviando condolencias a las víctimas y al conjunto de la sociedad belga. El temor era que entre los refugiados se iban a colar integristas procedentes de Irak, Siria etc, cuando estamos viendo que los autores de los atentados que ha sufrido Europa en los últimos tiempos eran ciudadanos europeos y, en la mayoría de los casos, personas nacidas aquí. El acuerdo con Turquía es una trampa de la que no se puede escapar.  Dice que la Unión Europea dará asilo a los inmigrantes procedentes de un país no seguro. El resto irá a Turquía. Pero Turquía está considerado por la UE un país seguro, con lo cual cualquier migrante que llegue a Europa desde Turquía va a ser devuelto a Turquía.

¿Cómo valora UGT este acuerdo desde el punto de vista político?

Parece sorprendente que en una sociedad envejecida como la europea se vete la entrada a determinados profesionales que algunos países demandan (sobre todo en el ámbito sociosanitario). En segundo lugar es una irresponsabilidad ética; es gente que huye de la guerra y la miseria extrema. Y en tercer lugar es irresponsable geo-políticamente porque la UE está incumpliendo leyes internacionales.

Como reciente responsable Confederal de UGT en Asuntos Internacionales, ¿qué temas tienes en la agenda para los próximos meses?

Las prioridades están marcados por los temas que se aprobaron en el 42 Congreso, con aportaciones muy buenas de la FSP-UGT: los tratados de libre comercio de los que ya hemos hablado, la justicia fiscal, el derecho a la Huelga y a la Negociación Colectiva de todos los trabajadores y trabajadoras. Uno de los mejores trabajos de la FSP en este mandato ha sido la elaboración de un texto –que probablemente acabe convirtiéndose en una directiva- en el que se reconoce el derecho a la información y a la consulta de los trabajadores de la Administración General del Estado. También es fundamental preservar los derechos sindicales y potenciar la cooperación. Desde UGT, ISCOD ha desarrollado políticas de cooperación muy importantes y visibles. Defender la Europa social, que se está intentando atacar desde todos los flancos, es lógicamente nuestra máxima prioridad y nuestro principal objetivo.

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