Las políticas de austeridad abandonan a su suerte a los enfermos de SIDA en nuestro país

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La crisis económica y las políticas de austeridad ejecutadas por el gobierno de España están empezando a tener un efecto deletéreo en los grandes avances que el país había logrado en la década de los 80-90 en sanidad, servicios sociales y atención a grupos más desfavorecidos. El ordenamiento territorial de España, 17 comunidades autónomas con competencias en los servicios arriba señalados, ha contribuido a que la situación no sea homogénea en todo el estado.

Si bien la legislación nacional y los recortes en los presupuestos efectuados por el gobierno central han sido seguidos por la mayoría de gobiernos autonómicos, otros en cambio han reaccionado no poniendo en práctica algunos de dichos recortes o incluso elevando al tribunal constitucional algunas leyes que, como el RD 16/2012, elimina el acceso universal a la salud en España, impone serias barreras al acceso al sistema sanitario a personas en situación irregular o a nacionales no asegurados y establece el copago para ciertos servicios y medicamentos.

La situación es por tanto heterogénea, acentuándose la desigualdad interterritorial. Con carácter general se puede afirmar que la reducción económica por parte del gobierno central a políticas de salud pública en VIH/sida ha sido cercana al 90%, la relevancia de organismos cruciales para la respuesta a la pandemia, como el Plan Nacional del Sida, se ha visto mermada al ser suprimido su rango de Secretaría en la administración y pasar a formar parte de direcciones generales más amplias, y la articulación de la participación de la sociedad civil en la elaboración de las políticas de atención y prevención, incluyendo el nuevo plan multisectorial actualmente en elaboración, gravemente limitada.

Para ofrecer una respuesta unitaria y coordinada por parte de la sociedad civil, la mayoría de las plataformas de ámbito nacional y autonómico que trabajan en el ámbito del VIH/sida han aunado esfuerzos y consensuando la interlocución política con el gobierno y otros agentes y partidos políticos bajo el paraguas de la Alianza de Plataforma de Entidades de VIH/sida (creada en Noviembre de 2011).

La Alianza de Plataformas junto con sociedades científicas como GESIDA y SEISIDA, han puesto de manifiesto las terribles repercusiones que en materia de salud pública podrá tener en un futuro cercano las políticas de recortes en prevención, atención y acceso a cuidados a personas con VIH/sida y las inequidades territoriales que se están produciendo.

El caso de España es grave. Nuestro país presenta una tasa de 85 casos/millón de habitantes, y esto nos sitúa por encima de la media de la UE. De las nuevas infecciones, el 85% son de hombres. Uno de los colectivos más desprotegidos es el de los habitantes en situación irregular. El impacto del Real Decreto 16/2012 (que restringe la asistencia sanitaria a inmigrantes) precarizará la salud de los enfermos de VIH pertenecientes a este colectivo al que el Gobierno de España ha condenado a una especie de limbo jurídico. Se estima que en nuestro país hay entre 2.700 y 4.600 enfermos de SIDA en situación irregular, de los cuales el 20% no recibe tratamiento retroviral.

Otro colectivo perjudicado y particularmente vulnerable ante las medidas del Gobierno es el de las personas privadas de libertad. El acceso al tratamiento entre los internos de los centros penitenciarios se mantiene estable en torno a las 2.500 personas, pero el informe indica que no se están atendiendo nuevos casos. La constante reducción en el presupuesto destinado a Instituciones penitenciarias y la eliminación de las transferencias a la secretaría general de instituciones penitenciarias por parte del Ministerio de Sanidad para el desarrollo de las acciones de prevención puede hacer que la situación empeore en los próximos años.

FSP-UGT quiere alertar sobre esta situación, generada por unas políticas que abandonan a su suerte a los colectivos más desfavorecidos. Es necesario recuperar políticas sociales que mitiguen la brecha de desigualdad que los Gobiernos conservadores están imponiendo y acentuando en los últimos años.

 

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