La sentencia del Tribunal Supremo no resuelve la precariedad en las Administraciones Públicas

La sentencia del Tribunal Supremo no resuelve la precariedad en las Administraciones Públicas

Impedir la indemnización al extinguirse el contrato temporal de interinidad facilita su utilización abusiva e indiscriminada  para la cobertura de puestos y actividades estructurales

Se ha hecho pública la Sentencia 207/2019 del Tribunal que rechaza el derecho a indemnización (ni 20 ni 12 días) cuando se extingue la relación laboral temporal de interinidad. Una Sentencia que a UGT produce rechazo e indignación, pues en la práctica supone un aval para el abuso de la contratación temporal y el empleo precario en las Administraciones Públicas.

Hay que tener en cuenta que en Administraciones Públicas la tasa de temporalidad ronda de media el 40% como consecuencia del abuso en la utilización de la contratación temporal (coyuntural) para actividades y puestos estructurales, y esta circunstancia pone en cuestión los principios constitucionales que envuelven la figura del empleado público (objetividad, neutralidad, mérito, profesionalidad y rescata el espíritu de las “cesantías”.

Además, UGT considera que esta es una resolución escasamente motivada y con débiles argumentos jurídicos, limitándose a trasladar la nueva doctrina del TJUE, sin realizar matiz alguno, a pesar de concurrir en la normativa laboral española y realidad laboral de las Administraciones Públicas, circunstancias que podrían haber servido para justificar algún tipo de indemnización a los contratos temporales de interinidad (interinos por vacante, la figura de indefinidos no fijos de plantilla, etc.).

Pero en la FeSP-UGT no nos vamos a quedar a la expectativa de los acontecimientos, y aunque no nos quede más remedio que la resolución judicial, continuaremos exigiendo las modificaciones legales oportunas (en el ET, EBEP y Estatuto Marco del personal estatutario), para hacer posible la indemnización en la contratación/nombramientos de personal temporal, como medida disuasoria contra su uso abusivo, y causalizando y acotando su empleo, para evitar la cobertura temporal de plazas estructurales.

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