La legislación actual condena la seguridad y la salud de los trabajadores y la economía de nuestro país.

A medida que se prolonga el periodo de crisis económica global que arrancó en 2008, se van oyendo más voces indicando que la situación en la que nos encontramos no es un paréntesis tras el cual volverán a recuperarse los ritmos de crecimiento y los derechos sociales y laborales volatilizados por los recortes y las políticas de austeridad. Lo que en un comienzo se presentó como un momento de excepcionalidad pasajera, ha terminado por desvelarse como la imposición de un nuevo paradigma económico, social y laboral, al que la clase trabajadora y la ciudadanía en general deberán resignarse. Las élites mundiales, siguiendo un guión previamente redactado por los ideólogos del neoliberalismo, han aprovechado las condiciones creadas por una crisis originada por la desregulación del sector financiero para completar la implantación de un modelo de acumulación por desposesión, mercantilizando aquellos servicios públicos básicos que garantizaban la protección social y de los derechos laborales y ciudadanos conquistados a lo largo de décadas. En definitiva, un modelo que garantiza los beneficios a las élites a costa de la calidad democrática de nuestras sociedades.

Desde FSP-UGT apostamos por unos empleados públicos respetados y motivados, recuperando la negociación colectiva para garantizar las condiciones salariales y el empleo de calidad. Hemos de trabajar codo con codo para garantizar prestaciones sociales que refuercen nuestro Estado de Bienestar. Reclamamos también la devolución de la sustracción salarial desde 2010 (recorte del 5%, paga extra, congelación...), y la garantía de un salario justo que crezca al ritmo de los precios, ya que recuperar los salarios incentivará el crecimiento y reforzará la cohesión social.

 

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