La nueva reforma del Ministerio de Medio Ambiente eximirá al 98% de las empresas de suscribir los “seguros verdes”.

FSP-UGT está en contra de la reforma que exime a las empresas de la obligatoriedad de contraer un seguro verde, ya que esto supondrá una mayor contaminación y disminuirá la cultura responsable empresarial en cuestión de medio ambiente.

Una de las leyes más ambiciosas del anterior Gobierno en materia de medio ambiente fue la denominada como ley de “seguros verdes”, que en 2007 obligaba a más de 300.000 empresas potencialmente contaminadoras a contratar avales o fianzas para pagar cualquier accidente del que pudieran ser responsables. Esta ley trataba de aplicar en la práctica el principio de “quien contamina, paga”. La reforma que ahora plantea el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente exime al 98% de esas empresas: solo se les exigirá a 5.470.

El desarrollo reglamentario de la ambiciosa norma de 2007 fue retrasando su aplicación práctica, y en realidad nunca llegaron a ponerse en marcha dichas garantías financieras. Se publicaron órdenes ministeriales que ampliaban los plazos, de forma que nunca llegó a ser exigible. La reforma que impulsa ahora el ministerio de Miguel Arias Cañete elimina casi por completo esas garantías, que ya no serán exigibles para el 98% de las actividades que la ley de 2007 sí consideraba obligatorias. Según el ministerio, se ha eximido a las actividades “con escaso potencial de generar daños medioambientales y con bajo nivel de accidentalidad”. Las cementeras, grandes químicas, centrales de energía eléctrica, etcétera, sí deberán suscribir los “seguros verdes”.

Esta nueva ley restringe al mínimo las actividades sujetas a la garantía, y al escaso número que sí se las exige, les concede un principio de voluntariedad y no de obligación.

La exención de casi 315.000 actividades respecto a la ley de 2007 ha llamado la atención del Consejo de Estado, y así lo hizo ver en su dictamen del pasado 19 de diciembre en el que se citaba que “Una exención tan generalizada debería, a juicio del Consejo de Estado, integrarse mejor en el presente anteproyecto de ley”.

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