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UGT rechaza las reválidas que contempla la LOMCE y recurrirá el Real Decreto que regula su aplicación

La Plataforma Estatal por la Escuela Pública, de la que UGT forma parte, se opone a la aprobación por el Gobierno en funciones de las evaluaciones finales de ESO y Bachillerato, los elementos más rechazados de la LOMCE (ver BOE).

La actual situación de un Gobierno en funciones  lo deslegitima a seguir desarrollando la ley educativa, sobre todo después de que el Congreso de los Diputados aprobara la toma en consideración de la paralización de la normativa.

El Gobierno no prevé salidas adecuadas para el alumnado que no supere las pruebas; la única alternativa a la repetición del examen es aceptar la Formación Profesional Básica, si se ha suspendido la prueba de ESO, o a cambiar hacia la FP si se suspendió la de Bachillerato.

La evaluación que propone el RD no responde a los objetivos que una normativa sobre dicho asunto debería proponer. La prueba diseñada no contiene información sobre las capacidades, expectativas e intereses del alumnado que puedan contribuir al objetivo razonable de mejorar su orientación. En lugar de orientar, el resultado de la prueba obliga al alumno a seguir o no seguir determinadas trayectorias.

El Gobierno, convencido de que la educación obedece a las reglas de la aritmética, y tal como prescribe la LOMCE, arbitra que para la obtención del título, las calificaciones obtenidas en la etapa evaluada tengan un peso porcentual para aquel alumnado que proviene, en cada caso, de la ESO (70%) y del Bachillerato (60%). Al alumnado que proviene de FP, sus calificaciones no les suman en ninguna proporción.

El Gobierno no puede legislar olvidando los derechos del alumnado y la equidad del sistema educativo público. Ante el estado de confusión e inequidad que se genera con el RD de reválidas y acceso a la universidad, proponemos prorrogar las normativas vigentes en la actualidad hasta la formación del nuevo Gobierno.

En todo caso, Desde UGT vamos a recurrir el Real Decreto, hecho de espaldas a la comunidad educativa y que pone en cuestión el derecho fundamental a la educación.

 

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