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Estrategia Estatal para los Agentes Medioambientales

 

 

En la sociedad actual se ha incrementado sensiblemente la preocupación por los problemas relativos a la Seguridad Ambiental: conservación de nuestro patrimonio natural, nuestra biodiversidad y de forma global, el medio ambiente.

Este sentimiento tiene su sustento legal en el artículo 45 de la Constitución Española, que reconoce que todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo, exigiendo a los poderes públicos que velen por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose para ello en la indispensable solidaridad colectiva.

La necesidad de protección penal del medio ambiente contenida en el citado artículo 45, se ha visto reforzada desde la Unión Europea, cuyo Consejo ha adoptado diversas Decisiones Marco relativas a la protección del medio ambiente a través del derecho penal. En este sentido, España incorporó en el Código Penal, mediante la reforma operada por la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, las modificaciones necesarias para cumplir con las obligaciones comunitarias.

El mandado constitucional de protección del medio ambiente y su posterior respaldo mediante la normativa comunitaria en la materia, exige a los Estados europeos en general, y al español en particular, dotarse de los necesarios recursos personales para garantizar su efectivo cumplimiento. En este cometido tienen un destacado papel los Agentes Medioambientales por su permanente dedicación y especialización en la materia, número de efectivos y reparto en todo el territorio nacional.

La política de protección penal del medio ambiente de la Unión Europea, tiene su origen esencialmente en dos Resoluciones del Consejo de Europa, las Resoluciones 28/1977 y 1/1990 a partir de las cuales se comienza a considerar la necesidad de acudir de manera sistemática y uniforme al derecho penal como medio de protección del medio ambiente.

Sin embargo y pese a todos los avances logrados, se pone de manifiesto la ausencia de un mínimo común denominador normativo para los Agentes Medioambientales, Forestales o Rurales (en adelante Agentes Medioambientales) en el Estado español, respecto de sus funciones, cometidos, atribuciones, formación, movilidad y demás características profesionales

Esta Estrategia tendría interés general como agentes de la autoridad y funcionarios de policía mixta, administrativa y judicial en materia ambiental, apoyo técnico a la gestión así como en su participación en la prevención, vigilancia, extinción e investigación de Incendios Forestales que garantice el efectivo ejercicio de todas las funciones que tienen legalmente encomendadas.

En base a lo anterior, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que en el plazo de seis meses, modifique la legislación vigente en la materia, referida a los Agentes Medioambientales, a fin de establecer unas medidas que favorezcan y garanticen una adecuada funcionalidad a los Cuerpos/Escalas de Agentes Medioambientales de todas las administraciones públicas y que facilite el desempeño profesional de éstos, con la mayor eficacia y eficiencia posible, en el ejercicio de sus funciones de policía ambiental y emergencias, siendo algunas propuestas para ello:

1.- Instar al Gobierno al estableciendo de un mínimo común denominador normativo sobre las funciones, atribuciones, cometidos y demás características comunes de interés general respecto de los Agentes Medioambientales de las distintas Administraciones Públicas.  Esta base normativa debe  reconocer, respetar y potenciar su condición de Agentes de la Autoridad y sus funciones de policía administrativa y judicial ambiental, así como sus funciones de emergencias y funciones técnicas.

2.- Instar al Gobierno a establecer los cauces de coordinación necesarios con el resto de Administraciones públicas para la implantación a nivel estatal, de un mínimo común denominador normativo en los aspectos de interés general que garantice una organización y funcionamiento homogéneo de todos los Cuerpo/Escalas de Agentes Medioambientales en todo el territorio nacional, estableciendo criterios esenciales de organización y funcionamiento de dicho colectivo funcionarial, independientemente de la Administración Pública en la que se encuentre prestando servicio, haciendo posible un patrón común de actuación, formación y movilidad en y entre las distintas Administraciones Públicas.

3.- Impulsar la elaboración de una Estrategia Estatal de Agentes Medioambientales Interministerial (Medioambiente y Justicia) y desde aquellas entidades con competencias medioambientales, tendente a la consecución de un mínimo común denominador sobre las funciones, atribuciones, cometidos y demás características comunes de interés general de los Agentes Medioambientales de las distintas Administraciones Públicas, como policía mixta de carácter administrativo y judicial.

 4.- Realizar una acción coordinada con las Administraciones Públicas para conseguir una integración real del colectivo de Agentes Medioambientales en el Servicio de Emergencias 112 o análogo.

 5.- Creación de una Ley del Cuerpo propia en todas las Comunidades Autónomas que aún no cuenten con ella. Se insta al Gobierno a adoptar las medidas que estime necesarias para promover que las Administraciones Públicas se doten de una Ley especial de sus respectivos cuerpos de Agentes Medioambientales, que regule sus funciones técnicas así como sus especificidades como funcionarios dotados del carácter de agentes de la autoridad. Estos funcionarios constituyen una policía mixta, de naturaleza administrativa y judicial en el ámbito ambiental, además de reunir simultáneamente la condición de funcionarios integrantes de servicios públicos de emergencia.

6.- Revisar la normativa vigente de competencia estatal, con la finalidad de dotarla de una regulación uniforme y específica al respecto. Así, se propone la revisión de:

- La legislación procesal penal para actualizar y potenciar las funciones de policía judicial ambiental de los Agentes Medioambientales.

- El Reglamento de armas, para dotarlo de una regulación específica y diferenciada de los Agentes Medioambientales respecto de la figura de los vigilantes privados de seguridad o guardas particulares de campo.

-  La normativa Vial para garantizar la consideración de los vehículos oficiales de los Agentes Medioambientales como vehículos policiales.

- La normativa sobre Orden Público y la legislación básica en materia ambiental, a efectos de permitir la represión como infracción administrativa de las conductas de obstaculización del ejercicio de sus funciones, negativa a identificarse u otras formas de desobediencia, intimidación, insultos u otras faltas de respeto y consideración debida a los Agentes Medioambientales como agentes de las autoridad, cuando ello no constituya infracción penal.

7.- Reconocer un tratamiento específico de las plazas vacantes de Agentes Medioambientales en la regulación de la tasa anual de reposición de efectivos dispuesta para las distintas Administraciones Públicas, asimilándola a la establecida anualmente para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Este tratamiento resulta de vital importancia para garantizar la efectiva labor de los Agentes Medioambientales, especialmente en relación con la participación de estos funcionarios en la prevención, vigilancia, extinción e investigación de los Incendios Forestales. Se permitiría así, a las restantes Administraciones Públicas competentes en la materia, disponer de suficientes efectivos de Agentes Medioambientales para cumplir con el deber constitucional de protección del medio ambiente previsto en el art. 45 CE, a través del efectivo ejercicio de sus competencias en materia de protección del medio ambiente, incendios forestales, apoyo técnico y emergencias.

8.- Articular y potenciar los cauces necesarios para facilitar la debida y efectiva coordinación del Ministerio Fiscal  con los Agentes Medioambientales, en el ejercicio de sus funciones de policía judicial ambiental. Se  permite así que el Ministerio Fiscal pueda servirse en el cumplimiento de los cometidos que tiene encomendados en el art. 124. 1 CE, de estos recursos policiales especializados en la prevención y persecución de la delincuencia ambiental y repartidos por todo el territorio español.

9º.- Establecer itinerarios formativos homogéneos y específicos para los Agentes Medioambientales, en atención a su condición de agentes de la autoridad y de policía mixta de naturaleza administrativa y judicial en materia medioambiental, así como en sus cometidos como personal de los servicios de emergencias y apoyo técnico, con especial incidencia en la formación jurídica de los agentes en materia penal y procesal penal, y demás materias inherentes a la investigación de las infracciones penales medioambientales.

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